Las estadísticas de la siniestralidad en las carreteras españolas en el conjunto del 2016 han confirmado lo que ya se venía venir tras el primer trimestre del año: las víctimas mortales han aumentado por primera vez desde el 2003, cuando se inició un continuo descenso de fallecidos. Es cierto que un análisis en perspectiva de los accidentes de carretera en España en estos 13 años ofrece un balance global muy positivo, porque los muertos se han reducido un 70% (desde los 3.993 del 2003 hasta los 1.160 del 2016), pero todo lo que no sea consolidar e incrementar el descenso de víctimas es un grave tropiezo en el objetivo de hacer más seguras las vías de circulación. Al repunte del 1,4% en los fallecimientos del año 2016, con 15 víctimas mortales más que en el 2015, se suma el de los heridos que tuvieron que ser hospitalizados, un total de 5.067 personas, 209 más (4,3%).

En las sociedades altamente motorizadas --casi todas las del mundo de hoy-- es utópico esperar que no haya accidentes de circulación con víctimas, pero no por eso hay que bajar la guardia en la estrategia de acercarse lo más posible a ese ideal, porque solo habrá pocos fallecidos si todos actuamos como si no pudiera haber nunca ninguno. No debe haber margen para el fatalismo, y Andalucía no debe resignarse tras el incremento del 8,1% en los accidentes mortales del año pasado, en el que 186 personas perdieron la vida en nuestras carreteras. Por el contrario, en Córdoba descendieron los accidentes mortales: a falta de los datos de diciembre, en la provincia se redujo el número de fallecidos en un 42%, pasando de las 19 víctimas mortales registradas en 2015 a las 11 este pasado año, una buena noticia, si bien hubo más accidentes y heridos, lo que invita a mantener la alerta.

Parece evidente la relación entre el incremento de víctimas en el conjunto de España en el 2016 y dos circunstancias políticas: la interinidad del Gobierno durante casi todo el año y la poca sensibilidad del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la seguridad viaria. El nuevo Reglamento de Circulación, que preveía endurecer las sanciones por las infracciones al volante y reducir la velocidad máxima en las carreteras convencionales, ha dormido en los cajones ministeriales pese a que los expertos de la Dirección General de Tráfico urgían su aprobación. El nuevo ministro, Juan Ignacio Zoido, quiere medidas de choque y anuncia un plan integral en tres meses. Una de las acciones prioritarias deberá ser combinar la pedagogía y la punición para frenar el alarmante aumento del uso (sin sistemas de manos libres) del teléfono móvil al volante, una irresponsabilidad que se traduce en que las distracciones han pasado a ser la principal causa de los accidentes mortales (el 28%). La pedagogía es básica, pero la punición es imprescindible cuando están en juego no solo vidas humanas sino nuestra salud social colectiva.

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