El mes pasado hablaba en estas páginas sobre la cantidad de impuestos que nos van a caer a las rentas medias y a los autónomos de manos de un PSOE que ha hecho de su no política económica su plan económico. Este mes toca preguntarse sobre la contraparte de los impuestos, es decir, los gastos públicos. En un país donde se gasta más de lo que se ingresa (un 3,1% más en 2017, lo que supuso unos 36.000 millones de euros, que se dice pronto) y con sucesivas llamadas de atención de la Unión Europea por no respetar los techos de déficit, si uno sube impuestos lo lógico es pensar que se hace con el objetivo de reducir el déficit; al menos, sería lo lógico con un gobierno responsable, de cualquier signo político, pero se ve que no es el caso.

Lo primero que nos podemos preguntar es por qué resulta tan importante seguir reduciendo el déficit. Pues un claro ejemplo lo tuvimos en la crisis de la prima de riesgo de 2011 y 2012 cuando España estuvo a punto de ser rescatada, y el Banco Central Europeo tuvo que actuar para salvaguardar a las economías mediterráneas. Porque de esa nos libramos gracias al Banco Central Europeo, de hecho, España ha sido una de las grandes beneficiarias de su política en estos años de salida de la crisis. Hasta el momento, pese a que seguimos incrementando nuestra deuda pública, esto no ha supuesto un problema porque ha existido confianza de los inversores (que son los que nos dejan el dinero, algo que no podemos olvidar, ya que, el dinero no crece en los árboles, nos lo presta gente) en que España seguía ajustándose en su senda de reducción del déficit y creciendo económicamente. Además, el Banco Central Europeo ha mantenido las mismas actuaciones y medidas, de modo que de cara a los mercados internacionales ha parecido a ojos vista que no había nada que temer.

Obviamente, si alguien piensa que romper esta tendencia no va a traer consecuencias económicas y nos va a salir gratis a los españoles, se equivoca mucho y profundamente. Ahora en España se decide aumentar, de una forma u otra, la presión fiscal sobre familias y empresas, para que las primeras tengan menos capacidad de ahorro y gasto, y las segundas de creación de empleo. Esto llega en un momento en el que el crecimiento económico va a comenzar a desacelerarse, en parte, porque el Banco Central Europeo va a normalizar su política monetaria (va a dejar de implantar esas medias que han beneficiado a España) y, en parte, por la estabilización del consumo interno, con la contención de salarios, y del turismo, el Brexit, el precio del petróleo, etcétera. Tras este panorama que deja de ser tan alentador como hasta ahora, nuestro Gobierno, con una visión absolutamente cortoplacista traducida en políticas populistas que le permitan ganar votos de cara a unas futuras elecciones, a dos años, aumenta el gasto público y lo aumenta para ser ¿más social?

Sinceramente, esto parece una broma pesada y de mal gusto, no hay nada más social que generar las condiciones adecuadas para que las empresas puedan crear empleo, y si puede ser empleo especializado y estable que se traduzca en elevado valor añadido y productividad, y con ello en buenos salarios, mejor que mejor. Ya está bien de tratar a los ciudadanos como inútiles pendientes de paguitas del Estado. Además, en dos años puede que nos hayan estancado el crecimiento económico y se haya resentido el empleo, de modo que pocos votos iban a obtener y... ¿El señor Sánchez Castejón es economista de formación? Por favor, que le suspendan la carrera retroactivamente.

* Profesora de Economía Universidad Loyola Andalucía