Es de agradecer el esfuerzo solidario estas semanas de tantas gentes de bien y municipios de España por acoger en las mejores condiciones posibles a las miles de personas inmigradas que están llegando de forma desesperada y dramática a nuestro territorio buscando la supervivencia y un futuro legítimo con el que afrontar con esperanza el resto de sus vidas, y al que tienen todo el derecho.

Ya hemos comentado en otras ocasiones la postura miope de las autoridades europeas, alentadas por las visiones egocéntricas del populismo político, al ignorar las causas de las migraciones y no actuar en origen propiciando el desarrollo real de esos países, tratando solo de frenar las consecuencias más cercanas a nuestra realidad. Pero, aparte de esto, que es lo importante, hoy quisiera destacar un aspecto que muchos ignoran y resulta un verdadero contrasentido en la gestión de esta situación. De un lado, a la inmensa mayoría de esas personas inmigradas del Africa subsahariana que recogemos y auxiliamos en colegios, polideportivos, centros y colectivos sociales, etc. tras ofrecerles los primeros medios materiales y reconocer su identidad, conforme a la legislación vigente de extranjería, se les dicta una orden de expulsión del país que no se ejecuta por la Administración, bien porque no hay acuerdos bilaterales de repatriación con los países de origen, o bien porque no se dispone de medios para efectuarlas. La consecuencia es que a la persona inmigrada se la sube en un autobús para el interior de la península con una expulsión en el bolsillo que le va a impedir trabajar legalmente durante 3 años, siendo objeto de explotación de todo tipo y economía sumergida para poder subsistir. En la última regularización con el gobierno Zapatero se documentaron casi 700.000 personas extranjeras sin papeles, que previamente había facilitado el gobierno Aznar para propiciar la subida de la economía en base a esos bajos costes y falta de derechos de todo tipo. Recordemos que el Tribunal Constitucional anuló en 2007 numerosos artículos de la Ley Orgánica de Extranjería 8/2000 por vulnerar los derechos elementales reconocidos a todas las personas en la Constitución. Si la Administración en un plazo de 60 días no puede ejecutar sus resoluciones, debería permitir que quienes tuviesen posibilidad real de un contrato laboral pudiesen documentarse, lo que ahora resulta inviable. No debiera permitirse la existencia de estos infraciudadanos sin derechos de ninguna clase, que van, temerosos y a escondidas muchas veces, de un lugar a otro, totalmente vulnerables y objeto de explotación, hasta alcanzar el cénit de los 3 años de permanencia indocumentada en España para pedir, entonces sí con una oferta de empleo, una residencia por arraigo.

Otra de las contradicciones, es que permitimos a muchos de esos extranjeros viajar libremente a Europa y Alemania, para luego firmar con estos países acuerdos de realojamiento forzoso en España como lugar de entrada en la UE. Es decir, un viaje a la casilla de salida. Y siempre sin documentación de estancia legal en el país. La política de gestos, necesarios de otra parte, resulta insuficiente si, de un lado, no se da solución en la raíz de los problemas, en origen, el llamado «derecho a no emigrar». Y si, de otro, tampoco va seguida de propuestas legales de integración en lugar de marginación y explotación por falta de los derechos mínimos exigibles. Más allá de la solidaridad, se impone la justicia.

* Abogado