El Gobierno acaba de hacer pública las convocatoria del Plan Movalt, de ayudas para «financiar actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas». El programa tiene una financiación de 35 millones de euros, de ellos 20 millones para la adquisición de vehículos (eléctricos, híbridos enchufables, de gas natural y de gases licuados del petróleo) y otros 15 para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Los vehículos que pueden acceder a estas ayudas son: turismos (M1), autobuses y autocares (M2 y M3), furgonetas y camiones ligeros (N1, N2 y N3), cuadriciclos ligeros (L6e), cuadriciclos pesados (L7e), motocicletas eléctricas de al menos 3 kW de potencia y autonomía mínima de 70 kms (L3e, L4e y L5e).
Es decir las ayudas excluyen tanto a las bicicletas convencionales, al parecer la energía humana no se considera «sostenible», como a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (con un límite de potencia 250 watios, es decir 6 veces inferior a los 3 kW mínimos necesarios para que una motocicleta se pueda acoger a las ayudas). Todo ello a pesar de que el Gobierno de España, a través de la DGT, acaba de expresar su compromiso de elaborar un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta. Sin embargo es evidente que pese a las declaraciones a favor, la bicicleta sigue sin ser considerada seriamente como una alternativa de transporte en España. Todo ello pese a que en toda Europa estamos asistiendo a un verdadero boom de la bicicleta y, en especial, de la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, de las que en 2014 se vendieron en Europa un total de 1,3 millones de unidades, por tan solo 38.000 coches eléctricos.
Así pues, desde los colectivos ciclistas queremos denunciar la hipocresía del Gobierno español que dice promover por un lado la bicicleta con la aprobación de un plan estratégico» para ello, mientras por otra la ignora en la práctica política del día a día. También queremos denunciar la contradicción que supone anunciar ayudas para la movilidad eléctrica al mismo tiempo que se practica una política energética que discrimina la producción eléctrica en base a energías renovables con medidas tales como el «impuesto al sol» o el parón en las ayudas a la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.
