No hay que echar campanas al vuelo, pues acordar un nuevo modelo de financiación autonómica en España depende de tantas variables que conseguir un pacto de mínimos que se desarrollara en los próximos años sería ya un éxito. Pero al menos hay un compromiso de poner en marcha la maquinaria de la negociación, y ese impulso ha partido de Andalucía. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presentó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el documento sobre financiación autonómica fruto de un amplio acuerdo del Parlamento andaluz, apoyado por todos los grupos políticos, incluido el PP, y con la sola ausencia de Ciudadanos. En el documento se propone un modelo de reparto justo, que elimine las desigualdades y se base en el estudio de la población. Se propone un incremento de la dotación global de 16.000 millones de euros, de los que nuestra comunidad autónoma reclama 4.000 millones anuales para poder afrontar la prestación de servicios públicos que exige nuestro territorio. Tras la reunión no ha habido valoraciones sobre el contenido del documento, pero sí el anuncio por parte de la presidenta andaluza de que Rajoy se ha comprometido a convocar «de inmediato» una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar esta complicada y necesaria reforma.
Ya solo el hecho de que se cumpla el compromiso de convocar el CPFF es un paso a valorar, dado que el Gobierno ha dejado pasar en blanco, en cuanto a avances prácticos, más de un año desde que la Conferencia de Presidentes del 2017 alcanzara acuerdos de envergadura, entre ellos los relativos a políticas sociales. Rajoy recibió también al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que al término del encuentro puso el dedo en una de las llagas, Cataluña, exigiendo que no siga condicionando toda la vida política e institucional española y pidiendo a Rajoy que, si es preciso, pacte en nombre de la autonomía catalana --con el 155-- el nuevo modelo de financiación. Si el presidente del Gobierno convoca al CPFF saltarán los resortes de todas las dificultades: el papel de los partidos políticos (el Gobierno sería partidario de un gran acuerdo PP-PSOE) y el de las comunidades autónomas en la negociación. Estas entre sí, incluso las gobernadas por las mismas fuerzas políticas, tampoco plantean posiciones unidas, y en el horizonte de las dificultades se cruza la principal preocupación del Ejecutivo central: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el PNV desbloquearía si se formara gobierno en Cataluña. La situación es enrevesada, pero es importante el paso dado por Andalucía (pues la propuesta de Susana Díaz a Moncloa llevaba un respaldo muy sólido tanto político como social, empresarial e institucional) hacia el desbloqueo.
