Toda epidemia, y no voy a hablar del coronavirus chino, comienza con un anuncio lejano, luego con cifras de impacto en la sociedad y, al final, uno comienza a darse cuenta de la gravedad de la plaga cuando le llega a su entorno cercano: a algún familiar, a un amigo, simplemente a un conocido… Pues eso está ocurriendo con aquella sentencia del 16 de octubre del 2019 del Tribunal Constitucional que fijaba el número y la proporción de bajas reiteradas al trabajo, justificadas o no y siempre que no sea una enfermedad grave, para un despido por causas objetivas. Apenas dos meses después de la noticia, la prensa ya recogía por diciembre un goteo incesante y firme de nuevos despidos que se acogían a este concepto, a la vez que los sindicatos se movilizaban. Y por último, la plaga ya se ha hecho evidente, al menos para un servidor, que se ha enterado de dos casos en su círculo inmediato de despidos por bajas reiteradas, uno de ellos al haberle coincidido entre noviembre y diciembre una infección bucodental (con un dolor de muelas de caballo) y una posterior gripe que se le complicó. Total: 8 días de baja que descontando los puentes festivos lo han puesto en la calle.

No vale decir que esta medida lo que busca es luchar contra el absentismo laboral. Si alguien miente al médico y a la empresa, que se le castigue por ello administrativamente o en el ámbito civil y penal, pero no se puede dictar una norma ‘preventiva’ que perjudique a todo un colectivo. También hay una minoría de empresarios y políticos que engañan y a nadie se le ocurría directrices antifraudes de este calado. Porque con esta doctrina de despidos por bajas frecuentes, por poner un ejemplo y sin querer dar ideas, a una gran empresa le bastaría poner en la cafetería del centro de trabajo dos ensaladillas chungas en un mes y… ¡hasta le saldría un ERE encubierto! En resumen, que aquí o estás sano o estás grave de morirse. Pero como andes entre Pinto y Valdemoro, como te pongas malito a medias…

Y es que, por ejemplo en España hay 2,5 millones de afectados por enfermedades raras que en su mayoría son puntualmente incapacitantes (que podrían dar lugar a bajas y por tanto a despidos objetivos) y solo una minoría estarían calificadas de ‘graves’, exentas de esta penalización. También hay 8 millones de alérgicos que en algunos meses malviven y maltrabajan, un montón de personas que tuvieron lesiones en su día y que ocasionalmente sufren crisis como consecuencia de aquellas, 2 millones con alergias e intolerancias a alimentos que más de una no pueden evitar sufrir problemas… Y también existe la mala suerte, como el caso que he contado de un trabajador que en dos meses sufre un gripazo y una infección, ninguna de ellas graves salvo por la consecuencia de perder su empleo.

No sé si eso de que hemos salido de la crisis es cierto, porque no veo mucho reflejo de ello en los derechos sociales y laborales. Más bien me da que a falta de auténticos progresos nos conformamos ya con una pátina políticamente correcta para disfrazar que estamos eliminando derechos. Volvemos a la Edad Media en la que a un servidor, por ejemplo, con asma y una fuerte alergia al polen, como máximo se le diagnosticaba ‘fiebre del heno’, pero en la práctica se le llegaba a arrinconar del trabajo y de la sociedad porque era ‘de pulmones flojos’. Y eso era que había y lo que parece que hay.

* Periodista