El 31 de diciembre de 2011 la Junta de Andalucía publicó la Ley de la Salud Pública de Andalucía. Una importantísima ley que su desarrollo viene siendo muy minimizado, en la justificación de la crisis económica. Según ésta, la Junta debe evaluar el impacto en la salud de los proyectos urbanísticos, las industrias y todas las actividades cercanas a poblaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental. Era la primera vez que se regula esta materia en España y la única en Europa que condiciona, de forma preceptiva y vinculante, la realización de los proyectos al informe sobre su incidencia en la salud colectiva. El 10 de marzo de 2014, publicaba el Plan de mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Córdoba. En éste ya se daba una llamada de atención a las autoridades locales para que adoptasen medidas correctoras que incidiesen en la mejora de la calidad del aire.

Pues bien, si en el anterior documento se manifestaba preocupación y se exhortaba a tomar medidas para rebajar la contaminación en nuestra ciudad, el borrador de Estrategia Andaluza de Calidad del Aire que recientemente ha publicado la Junta −documento al que la Plataforma Córdoba Aire Limpio ha presentado alegaciones−, pone en evidencia que en Córdoba no se ha cumplido con los deberes exigidos: en él se dice que la ciudad tiene que reducir un 40% sus emisiones de cadmio, un 20% las de PM10, un 5% las de PM 2,5, un 15% las de NOx, un 5% las de benceno, un 5% las de plomo, otro 5% las de B(a)P, etcétera.

El tema de la contaminación del aire hay que tomárselo en serio, pues la contaminación mata. El reciente informe Calidad del aire en Europa 2015 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, indica que en Europa son atribuibles a la contaminación atmosférica unas 524.000 muertes prematuras. De ellas, la mayor parte, unas 432.000, a las partículas finas (PM2,5), 17.000 al ozono troposférico (O3) y 75.000 al dióxido de nitrógeno (NO2). En España esos datos representan 33.200 muertes prematuras atribuibles a la mala calidad del aire (25.500 por PM2,5, 1.800 por O3 y 5.900 por NO2) y más, que aumenta la actividad de las Urgencia hasta un 10%.

Ello nos lleva a la conclusión de la necesidad de que el Ayuntamiento debe de poner pronto el marcha el Plan Municipal de la Calidad del Aire, teniendo como punto de referencia las indicaciones de la OMS y no sólo la directivas de la UE, que son mucho más laxas y están condicionadas por los lobbies industriales, pues sobre los intereses económicos deben prevalecer los de la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

<b>Jesús Padilla González. Coportavoz de Córdoba Aire Limpio</b>

Córdoba