El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha condenado a la exconsejera de Bienestar Social de Melilla y actual diputada autonómica del PP a diez años de inhabilitación al considerarla autora de un delito continuado de prevaricación administrativa. Con ella condenan a otras 13 personas. La sentencia señala que «eludió las modalidades de adjudicación legalmente previstas».
