La luz escala hacia precios máximos. No se trata de picos puntuales por causas meteorológicas o de fuerte demanda; sino de una tendencia sostenida que afecta a buena parte de los usuarios: los casi 11 millones de abonados con la tarifa regulada (PVPC). El pasado julio, un consumidor medio pagó 66,4 euros de luz, el 8,6% más que un año antes, según un estudio. Al acabar el 2018 ese usuario tipo habrá pagado 788 euros de electricidad, el segundo recibo anual más caro de la última década. No todo lo que paga un hogar en la factura corresponde a consumo. Casi el 21% son impuestos y también hay costes fijos (primas a renovables, déficit). Lo que está encareciendo el recibo son los precios mayoristas de generación de electricidad, y aquí hay varias causas. Una de ellas es el alza de los precios del carbón y del gas natural. Potenciar las renovables permitiría depender menos de los combustibles fósiles, un camino hacia la economía sostenible propuesto por la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera. Otro factor es la sospecha de especulación con los derechos de emisiones de CO2, que las centrales contaminantes están obligadas a poseer. Su precio se ha triplicado en un año. Una subida en la factura de la luz puede significar un serio contratiempo en las economías domésticas. Respetando las reglas de competencia y de mercado, las administraciones deberían velar por que este derecho básico no se vea amenazado.