El último episodio positivo de la lucha contra la corrupción se produjo el viernes cuando una jueza decidió abrir juicio oral contra tres cargos del PP y el propio partido como persona jurídica por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. Pero la justicia no basta para acabar con una plaga que en España destapó en buena parte la crisis económica y que ha alcanzado límites escandalosos: solo en el 2016 se cerraron 112 casos que sentaron en el banquillo a 659 acusados, 79 de los cuales acabaron en la cárcel. Además de la actuación de los jueces, los expertos proponen medidas muy razonables como una mayor protección de los denunciantes (todas las tramas se descubren por chivatazos internos), controles más estrictos e independientes de los organismos de la Administración y campañas que fomenten la decencia. El Congreso discutirá próximamente una iniciativa legal presentada por Ciudadanos que recoge algunos de esos puntos, pero que las asociaciones que fomentan la lucha anticorrupción consideran que se queda corta. Estas asociaciones reconocen que los ciudadanos han dado un giro en su percepción y ya no se indulta a los corruptos (la preocupación pasó en una década del 3% al 54%, según el CIS). Ese cambio de actitud debe ser aprovechado para aprobar una ley integral contra un fenómeno que cuesta cada año 90.000 millones de euros a los españoles, según estimaciones oficiales.
