Al fin el Gobierno, tras que lo hayan solicitado el sindicato de profesores y la Sociedad Civil Catalana, ¿al amparo del art. 155 de nuestra Carta Magna?, intentará, planteará, según declaraciones del ministro de Educación, la posible inclusión, en el impreso de matriculación del alumnado en esa región, para el próximo curso escolar, de una casilla, en la que los padres, madres, o tutores legales, puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos para que los jóvenes en Cataluña puedan instruirse en español, habida cuenta que el art. 3º de la Constitución lo ordena como la lengua española oficial del Estado que todos tenemos el deber de conocer y el derecho a usarla. Las demás modalidades lingüísticas serán también oficiales en las respectivas CCCAA, según sus Estatutos; patrimonio cultural de especial consideración, respeto y protección. Para mayor abundamiento la ley orgánica de 2013 para la mejora de la calidad educativa establece que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehicular y oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Pero aún así, una vez más, en aras de una mal concebida conciliación, y de ese tenor, se actúa con buenismo, tarde y mal.

¿Hasta cuándo tolerar que la lengua patrimonio común de todos los españoles como consagra el texto constitucional, se la excluya, se minusvalore, se vilipendie y se persiga en esa región imponiendo la obligatoriedad de hablar en catalán, como con semejante, o en todo caso templada, virulencia ya acontece en otras comunidades autónomas? Una lengua en la que se entienden más de 560 millones de personas en el mundo ¿Por qué el castellano no es lengua oficial de uso obligatorio en cualquier punto del territorio nacional para el común entendimiento?

Es sabido que la palanca que para consolidarse siempre utiliza el nacionalismo, que como mucho es falazmente moderado, es la lengua, impuesta, no estando generalizada, ni siendo única, en el territorio que toma como propio.

* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho