Tras unas semanas vertiginosas en las que el nuevo ocupante de la Casa Blanca actuó con la fórmula dictatorial del ordeno y mando sin atenerse a lo que dicta la Constitución sobre la separación de poderes, llega el primer frenazo a una de las medidas más controvertidas de Donald Trump. Tres jueces del Tribunal de Apelaciones de San Francisco han decidido unánimemente mantener suspendido el veto a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, a la espera de que la justicia decida sobre la constitucionalidad de una medida impuesta, según el presidente, por urgentes motivos de seguridad para prevenir la llegada a EEUU de terroristas. Los jueces dicen que no hay pruebas de que ningún ciudadano de los países vetados haya cometido actos de terrorismo en EEUU. La arbitrariedad de la orden va más allá, porque sí actuaron, el 11-S, terroristas de países que no están en la lista, como Arabia Saudí. Y ningún país de mayoría musulmana en el que Trump tiene intereses ha sido vetado. El caso no está cerrado, pero la decisión es un recordatorio de que un país democrático no se gobierna con el instinto depredador de los tiburones empresariales sino con la ley y el orden, base del Estado de derecho.
