El juicio

La prueba de que en España no se persigue a nadie por su ideología es que Quim Torra no está en prisión. Hablamos del tipo que afirmó en un artículo titulado La lengua y las bestias, publicado en el digital El Món el 19 de diciembre del 2012, lo siguiente: «Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua. Están aquí, entre nosotros. Les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en estas bestias. O un pequeño bache en su cadena de ADN». Y sigue. Si a este sujeto --¡presidente de la Generalidad de Cataluña!-- se le hubiera juzgado por un delito de odio, seguro que habría una minoría fanática dispuesta a afirmar que se le estaba juzgando por ejercer su libertad de expresión. No: se le estaría juzgando por la comisión de un delito, que en nuestro Código penal, nos guste más o menos, también está constituido como límite de la libertad de expresión. Del mismo modo no se está juzgando a nadie por votar, sino por convocar un referéndum ilegal que lleva aparejados los posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La diferencia entre rebelión y sedición acabará dependiendo de la valoración de la violencia por el tribunal, pero la malversación de fondos públicos es evidente, porque este mogollón no lo han pagado los mártires independentistas. Y escribo «mártires», se entiende, con la inevitable ironía. El mismo Torra aseguró a Carlos Alsina que la democracia está por encima de la ley y se quedó tan ancho, cuando sin imperio de la ley no hay democracia, sino arbitrariedad. Es decir: indefensión ciudadana y manipulación, o el procés. Si fueran juzgados por sus ideas, ahí estaría Rufián. Es al contrario: quien no cree en la ley, no cree en la democracia.