Ya no sorprende a nadie. En los últimos años no hay conflicto político, civil o institucional que no acabe teniendo que ser dirimido por la justicia. Desde el juicio del procés, hasta lo que se avecina ahora: probablemente haya denuncia (así lo han dicho explícitamente IU y el Foro por la Memoria) por la decisión del gobierno local de Córdoba de revertir el cambio de nombres del «callejero franquista» para tres casos, simplificando la denominación pero dejándola parecida a la anterior: Cruz Conde, Vallellano y Cañero. ¿Cuál es el problema que hace que cualquier descuerdo acabe ante un juez? ¿El talante de los políticos o el de los legisladores? Quizá sea necesario que se redacten leyes más claras y menos sometidas a discusión o interpretación.
