Yo confío en el sistema penal español. Y no tanto por el Supremo o el Constitucional como por la independencia del juez de instrucción que en cuestión de jerarquía parece ocupar el último puesto pero que, al significar la vanguardia de la justicia, se erige en la primera piedra democrática en la investigación de un delito. Es cierto que la institución llamada «prisión preventiva» que entra dentro de sus competencias es contradictoria porque choca frontalmente con la presunción de inocencia; por lógica del sistema, nadie debería ser privado de libertad sin sentencia que lo acuerde, aunque sí de medidas controladoras para evitar la fuga de un investigado. Si la prisión preventiva es otra cosa como el ansia de justicia inmediata, que se reforme la ley ese sentido. Pero mientras no sea haga ello (a todas luces inquisitivo) su utilización para una finalidad no reflejada en el derecho positivo se convierte en fraude de ley. Pero la realidad es que hay cierta adecuación social/profesional a estos «fraudes de ley».

La solución a esta contradicción es compensar este déficit democrático con el control de la duración de estas prisiones previas evitando que se trasformen en una especie de adelanto de sentencia porque, repito, ello no casa con el principio de presunción de inocencia donde además la duda beneficia al reo. O sea, nos damos el lujo del pronto escarmiento y una vez que se acuerde la libertad provisional hasta el juicio, confiemos que la sentencia lo devuelva al lugar que le corresponde. Esta fuera de toda duda que la prisión preventiva es muy asumible cuando el delito tiene que ver con la comisión de hechos horrorosos y encima hay indicios de cargo insalvables para la defensa. Pero la prisión preventiva indefinida en delitos de corruptelas públicas bajo el pretexto de que los políticos imputados no deben tener trato de favor cuando el estado físico del preso preventivo es caótico debido a una gravísima enfermedad es propio de regímenes fascistas y/o comunistas.

Y ya voy al grano: mantener la prisión preventiva de Eduardo Zaplana habiéndose agravado su cáncer tomando como pretexto el principio de igualdad, a mí al menos me está provocando una desmotivación que me aterra porque me hace sospechar que los que creía principales paladines de la democracia como son los jueces de instrucción no son tan independientes y que la igualdad lejos de ser lo que deber ser puede llegar a significar lo inscrito en su cara oculta: que la arbitrariedad puede recaer en cualquiera por muy bonita que sea la Constitución.

* Abogado