A estas alturas ya conocerán ustedes la fiesta de despedida que hace unos días ofrecieron en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a un funcionario que se jubilaba. El tema ha trascendido porque el espectáculo se organizó en dependencias municipales, donde aprovecharon el horario laboral para ponerse hasta arriba de comercio y bebercio, porque contrataron a una stripper a la que pidieron insistentemente que se desnudara, y porque además de los compañeros de trabajo acudieron concejales del equipo de gobierno. Todo ello, y para mayor descaro, en las vísperas del Día Internacional de la Mujer. Descubierto el escándalo, el video está en las redes, han aprobado una investigación reservada del propio Ayuntamiento que ya veremos en qué queda cuando se es juez y parte.
Esa es la hipocresía y el cinismo con que nos manejamos por estos lares. Algunos se llenan la boca en proclamas en defensa de la igualdad y de la mujer, mientras se empinan para salir en las fotos, y a poco que te descuidas piden carne, y no de cordero, con la que distraer la vista. Bochornoso. No me cabe duda de que la mayoría de los asistentes al evento tenían carnet del partido. Ninguna dimisión hasta la fecha ni ningún despido fulminante.
No es un hecho aislado. Por aquí todos hemos sido testigos de cómo dejaban la pancarta y la manifestación callejera contra la violencia de género, y algunos responsables públicos se iban al palco del estadio donde se publicitaban los clubes en los que se ejercía la prostitución, y periódicamente se hacían redadas contra la explotación sexual y la trata de mujeres. No olvidamos, entre otros y por no mentar numerosos casos conocidísimos, el episodio del alcalde de un municipio cercano que, detenido borracho en el coche a las puertas del garito de alterne de carretera, espetó a la Guardia Civil que no sabían con quién estaban hablando. Lógicamente tampoco le fueron a echar del partido en un ejercicio de coherencia y salubridad que hubiera resultado insólito.
Con el agravante de que son conductas de funcionarios y responsables públicos. Responsabilidades silenciadas. Y lo peor, es que la ciudadanía no se manifiesta ni denuncia ni exige las dimisiones inmediatas de quienes incurren en estas conductas. Se busca el frentismo político, pero no existe coherencia alguna de filas para adentro. Al final, quedan más de 700 mujeres fallecidas por el terrorismo doméstico, tan solo dieciséis víctimas este año nada menos, y hace falta más que otra ley para cambiar no solo la cultura, sino también la hipocresía y el cinismo que nos rodea.
* Abogado
