La conciliación de la jornada laboral y la actividad familiar es una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad española. Los avances en este terreno se desarrollan con mucha lentitud, y la inercia de hábitos casi seculares sigue pesando como una losa. Uno de los nudos gordianos son los horarios comerciales: es obvio que un adelanto generalizado de la hora de cierre de las tiendas favorecería que las familias pudieran disponer de más tiempo en común, pero se puede contraargumentar que mucha rigidez podría perjudicar la actividad económica y que los tiempos lo que demandan es liberalización. La CEOE ha hecho una aportación al debate mediante un estudio en el que, más que abogar por adelantar el final de los horarios laborales -considera poco realista pretender que sea a las 6 de la tarde-, apuesta por incentivar fiscalmente las políticas de natalidad y del servicio doméstico, entre otras. Cambiar el horario del comercio podría arrastrar probablemente a otras actividades, y generar situaciones de diferencia entre comunidades autónomas. Ahí está el caso de Madrid, donde la libertad de horarios es absoluta y gran parte del comercio abre todos los festivos, o los «tira y afloja» que vive Andalucía con la regulación de las zonas comerciales. Sin embargo, el asunto es lo suficientemente importante como para que las administraciones públicas le dedicaran esfuerzo, en consenso con los sectores económicos y sindicales.