Desempeñó varios cargos en la Generalitat, y del 2000 al 2004 fue gerente de la Agencia Catalana del Agua. Es por esta responsabilidad por la que la Fiscalía Anticorrupción pide para él y para otros tres directivos seis años de prisión por prevaricación, malversación y revelación de secretos, al entender que hicieron adjudicaciones a dedo anteponiendo los intereses privados a los públicos.
