La capacidad de la Unión Europea (UE) de ser un actor global efectivo, objetivo de la Comisión Europea «geopolítica» de Ursula von der Leyen, será puesta a prueba con la escalada de tensión en Oriente Próximo tras el asesinato del general iraní Qasim Soleimani por Estados Unidos y la creciente internacionalización de la guerra civil de Libia. Dada la tendencia de la UE a caer en una diplomacia declarativa, basada en visiones muy alejadas de la realidad, se expone a quedar relegada al papel de espectador.
La UE se ha visto impotente para salvar el acuerdo nuclear iraní del 2015, uno de sus mayores logros diplomáticos, ante la determinación de la Administración norteamericana de Donald Trump de destruirlo desde el 2018. La reinstauración de sanciones económicas estadounidenses contra Teherán, que también penalizan a las empresas europeas, ha convertido en humo las prometidas inversiones de la UE y la multiplicación del comercio, que eran la contrapartida para que Irán suscribiera el acuerdo. La economía y las compañías de la UE dependen tanto del mercado norteamericano que no se atreven a desafiar el diktat de Washington. EEUU lleva décadas imponiendo millonarias sanciones extraterritoriales de dudosa legalidad a las compañías europeas aceptadas con resignación por la UE. El colapso del acuerdo nuclear muestra que la UE no logra mantener una política exterior autónoma, si Washington se opone a ella, y desde la llegada de Trump a la Casa Blanca existe un desacuerdo casi total entre ambos.
La UE ha dejado de ser relevante también en el proceso de paz árabe-israelí y, debido a su errática política en Siria, el denominado Proceso de Paz de Astana está dirigido por Rusia, Turquía e Irán. La UE desestimó en febrero del 2012 un plan para poner fin a la guerra civil siria formulado por Rusia a través del expresidente finlandés y Premio Nobel de la Paz, Martti Ahtisaari, que incluía el abandono del poder del presidente sirio, Bashar al-Assad.
En Libia, asimismo, la UE corre el riesgo de quedar marginada del proceso de paz por la nueva iniciativa conjunta que acaban de anunciar los gobiernos de Rusia y Turquía. Libia vive sumida en el caos y la guerra civil desde el 2011, cuando una intervención militar de siete meses de la OTAN con el respaldo de la UE derribó el régimen autoritario de Muammar Gaddafi sin ningún plan para el día siguiente. Una investigación del Parlamento británico concluyó en el 2016 que la intervención se produjo en base a datos falsos y distorsionados.
La UE respalda al presidente Fayez al-Sarraj y su precario Gobierno del Acuerdo Nacional de Trípoli, reconocido por las Naciones Unidas (ONU), pero rechazado por el Parlamento libio de Tobruk, que la ONU también considera como legítimo. El Gobierno de Al-Sarraj depende de diversas milicias islamistas, que son quienes ejercen el poder en realidad, según el Servicio Europeo de Acción Exterior.
Un reportaje de Associated Press del 31 diciembre detallaba cómo esas milicias islamistas captaban buena parte de los fondos de la UE y se enriquecían con el tráfico y la explotación de los inmigrantes.
El Parlamento libio de Tobruk respalda al general Jalifa Haftar, del Ejército Nacional Libio, que expulsó en el 2016 a las milicias de Al Qaeda de la región de Benghazi, controla la mayor parte del país y desde el 2019 intenta apoderarse de las zonas del oeste aún en manos de Trípoli. Haftar cuenta con el respaldo de Rusia, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudí.
El Gobierno de Trípoli, asociado a los Hermanos Musulmanes, recibe ayuda militar de Turquía y Qatar. Ankara acaba de enviar tropas a Trípoli después de que Al-Sarraj respaldara sus pretendidos derechos sobre los hidrocarburos en aguas griegas y chipriotas. Mercenarios de compañías privadas rusas combaten al lado de Haftar y los Emiratos Árabes han instalado una base aérea en Al-Khadim. Libia, con las mayores reservas de petróleo de África, atrae el interés de las compañías petroleras internacionales. La mayoría operan en la zona bajo control de Haftar, como ENI (Italia), Total (Francia), Wintershall (Alemania), OMV (Austria), Equinor (Noruega), Rosneft (Rusia) y Al Ghurair (Emiratos). Por el contrario, Repsol opera en la zona bajo control del Gobierno de Trípoli.
* Periodista
