Cinco días ha costado extinguir el fuego que, por razones todavía desconocidas, se desató el domingo pasado en la planta de reciclaje Recicor XXI situada en la carretera de Guadalcázar, a unos diez kilómetros de Córdoba. El enorme depósito de plásticos se convirtió en un gigantesco brasero que durante días ha lanzado al aire una enorme columna de humo, y que solo ha podido detenerse cubriendo la superficie con arena y cenizas para cortar la oxigenación de la masa incandescente.

Cortado el peligro inmediato, quedan muchas reflexiones y preguntas pendientes, que deberá resolver la investigación que va a iniciar un equipo especializado enviado desde Sevilla por el Seprona de la Guardia Civil. Su informe deberá completarse con un exhaustivo repaso de las autorizaciones y permisos de esta planta. También es necesario obtener información rigurosa en cuanto a las posibles consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, conocer los resultados de la investigación abierta por Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como las conclusiones del informe del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba, que se encontró con grandes dificultades para abordar el siniestro, entre ellas el lento y costoso abastecimiento y transporte de agua hasta la zona.

El incendio de Recicor no ha sido como el que se produjo en mayo del 2016 en Seseña (Toledo), en el vertedero de neumáticos más grande de España, donde un fuego provocado tuvo ardiendo una semana 88.000 toneladas de neumáticos, poniendo en riesgo a la población circundante con una nube de humo tóxico que obligó a desalojar una urbanización. En este caso, ni el tamaño ni los materiales que ardieron ni la distancia entre el vertedero y las zonas habitadas supusieron, aparentemente, un peligro para la población, pero han puesto sobre la mesa, de manera inesperada y en cierto modo trágica, la necesidad de incrementar el control sobre este tipo de concesiones administrativas de las que las instituciones no pueden desentenderse.

Por una parte, será necesario comprobar si la empresa aplicó las correcciones necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en el 2016 por la inspección de la Junta de Andalucía. Por otra, se impone una reflexión sobre las medidas de protección que deben exigirse a estas instalaciones, pues no basta que estén retiradas de los núcleos de población, es preciso que cuenten con medios para atajar accidentes. Finalmente, es acertada la propuesta del grupo municipal del PP, respaldada por el Gobierno de PSOE-IU, de que se revisen todas las instalaciones de este tipo que existan en Córdoba, pues el incendio en la carretera de Guadalcázar deja clara la necesidad de intensificar el control. Las pesquisas del Seprona permitirán averiguar las causas. Pero de cara al futuro lo importante es actuar para prevenir que estos incidentes se repitan.