El juicio por la salida a bolsa de Bankia vivió ayer una especie de cara a cara entre Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España cuando se produjeron los hechos que se juzgan, y José Antonio Casaus, el inspector jefe del organismo en el banco, que advirtió de la mala salud de las cuentas del banco y vaticinó que acabaría nacionalizada, como así sucedió en mayo del 2012. Casaus se reafirmó en las advertencias que hizo entonces y defendió su profesionalidad. La defensa de Fernández Ordóñez, por su parte, se basó primero en tratar de desacreditar al inspector y después en argumentar que fue la crisis, y no lo precario de sus cuentas, lo que hizo que Bankia se desplomara. «Por muy bien que se construya un puente un terremoto lo puede derruir», dijo Fernández Ordóñez para referirse a la recaída de la crisis entre el 2011 y principios del 2012 que, a su juicio, fue «inesperada y repentina». Llama la atención oír al responsable del máximo organismo supervisor declararse tan sorprendido por la recesión como cualquier otro ciudadano. También sorprende la pobre opinión profesional sobre Casaus, que sí supo ver que Bankia se encaminaba hacia el desastre. Y no es un desastre cualquiera, es una quiebra clave para entender la profundidad de la gran recesión española, una crisis cuya factura no pagaron quienes no vieron o no escucharon las advertencias sobre Bankia, sino los ciudadanos.
