El otro día tuve la suerte de coincidir con el pianista James Rhodes. Tras interpretar dos piezas maravillosas (Melodía de la opera Orfeo de Gluc’k y el Adagio del Concierto en Re menor, escrito para oboe por Marcello y que Bach tradujo al teclado) habló en el programa La Sexta Noche sobre la importancia de la música en la educación de nuestros hijos.
En varias ocasiones Rhodes ha contado su historia de abusos infantiles y de cómo encontró una motivación entre las teclas del piano, algo que le salvó la vida literalmente. Su paso y estancia en España ha hecho que se involucre en diferentes causas públicamente y una de las últimas ha sido exigir la tramitación de una ley para que los abusos en menores no prescriban. Es un cambio que nos hace mejores. Y que nos protege de los monstruos. Suena realmente sorprendente que un delito tan grave y que cuesta tanto identificar y denunciar pueda quedar enterrado por los plazos de las normas.
Estos días, además, la organización Save The Children ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno para que cumpla con sus propuestas en materia de infancia. El propio Ejecutivo, en el Libro Rojo de los Presupuestos 2019, prometía desde el Ministerio de Sanidad: «La protección de la infancia es una prioridad. El alcance de la violencia contra la infancia en nuestro país, la opacidad de estos comportamientos y sus consecuencias obligan a impulsar la aprobación urgente de la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia». Cualquiera que lea un texto tan contundente puede dar por hecho que el tema es una prioridad.
Y me pregunto qué ha pasado después. ¿Se ha tramitado con urgencia el texto citado? Pues la realidad es que hace una semana terminaron los plazos legales para calificar el proyecto como «urgente» y la organización cree que su aprobación ya peligra en este primer periodo de sesiones del Congreso y que si se sigue aplazando puede quedar fuera en esta legislatura.
¿Por qué es importante dotar de un recurso legal a este ámbito? Entre otras cosas porque esa ley permitiría que no prescriban los delitos como pide Rhodes. Pero también porque hay una apuesta por la formación en derechos y protección de la infancia en diferentes ámbitos y, por ejemplo, herramientas de combate en internet para aumentar la protección de los más pequeños.
Faltaría sin embargo, como recuerdan las organizaciones que han estado haciendo aportaciones, más medios para juzgados especializados, como ya se hace con la violencia de género. Pero ninguna de estas medidas se pondrán en marcha si se retrasa más la decisión del Ejecutivo... un Gobierno que dentro de unos meses puede estar en la Moncloa. O no.
* Periodista
