Desde la conformación del trifachito andaluz la educación pública ha estado en las negociaciones y ocupaciones de las tres derechas de Andalucía. La educación es un derecho, pero también un negocio importante para los intereses de las empresas de formación, con las que tiene bastante relación nuestro consejero, fundador de algunas aventuras empresariales relacionadas con el ámbito educativo.

Así, un acuerdo fue el “Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”, lo que se ha traducido en el pin parental, que ya hemos visto la polvareda que levantaba.

Otro punto de este pacto con la extrema derecha es “Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada” o, lo que es lo mismo, que financiemos con dinero público la educación segregada por sexos, algo que no sería legal hasta la aprobación por parte del PP de la LOMCE en España.

Y el último elemento: “Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. Un gobierno obediente que cumple con los tres principios pactados con la extrema derecha que ve feliz cómo introducen sus postulados con facilidad en las aulas andaluzas.

Pero cuidado, utilizan la palabra “libertad” con poca vergüenza y mucha trampa. Con libertad en este país desde que tenemos democracia las familias eligen donde quieren matricular a sus hijos, lo que están haciendo es obligarnos a pagar a empresas privadas, que se dedican al campo educativo, con el dinero que debe ir destinado a financiar la educación pública para garantizar, entre otras cosas, la necesaria igualdad de oportunidades.

Los cambios en la matriculación que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz son una demanda de la patronal de la educación concertada, que observa cómo se ven satisfechas una más de sus demandas. Tras blindar las líneas de los centros privados y concertados y aumentar su financiación a costa de la educación pública ahora les proporcionan una nueva protección al ofrecer los centros privados sostenidos con fondos públicos (concertados) de manera obligatoria en las matrículas para todas las etapas educativas desde infantil hasta bachillerato.

Desde Adelante Andalucía defendemos que no se puede considerar como un derecho universal o derecho fundamental a la educación lo que no es más que una preferencia individual. Así lo recoge en una sentencia el propio Tribunal Constitucional, en la que se asegura que “el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en

cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

La propia OCDE advierte, en su informe sobre Equidad y Calidad en la educación, de los peligros que conlleva la libertad de elección de centros ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”. El incremento de la tasa de segregación escolar en las comunidades en las que se han llevado a cabo políticas en esta dirección, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, son un claro ejemplo de estas

consecuencias negativas para la cohesión social, desvirtuando y desfigurando lo que debería de ser una de las esencias del sistema educativo público.

Pedimos una rectificación pública al señor consejero Imbroda, y una verdadera apuesta por la educación pública, la de todas y todos y para todas y todos.

* Diputada por Córdoba de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía