La investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils sitúa a Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll hasta el mes de junio pasado, en el epicentro de la célula terrorista formada por una docena de jóvenes a los que habría radicalizado en menos de un año pese a estar aparentemente bien integrados en la comunidad. Resulta muy difícil entender lo que pasó. Ni la familia, ni los maestros ni los educadores que trataron con los jóvenes saben encontrar las razones de su sinrazón. Más cuesta entenderlo a quienes no les conocían. De manera dolorosa pero inexorable hay que empezar a mirar hacia el futuro sin olvidar el dolor de las víctimas y de sus familiares. ¿Qué se puede hacer para detectar estos rápidos procesos de radicalización? Seguramente invertir más en los servicios de inteligencia y en coordinarlos mejor. ¿Qué se puede hacer para evitar que la llegada de un nuevo imán cambie la orientación de una comunidad de fieles musulmanes hasta que algunos acaben como los chicos de Ripoll? La realidad que vamos descubriendo es que no hay demasiados mecanismos establecidos para dificultar la llegada de este tipo de líderes religiosos. A diferencia de otros países, y pese a estar en contacto con jóvenes, no se les exige ni un simple certificado de antecedentes penales. Bélgica evitó que Es Satty ejerciera allí con esta medida. El supuesto cabecilla de la célula antiterrorista incluso evitó ser expulsado de España en el 2014, después de haber cumplido una condena por tráfico de hachís. El juez de Castellón que llevó el caso consideró que Es Satty era una persona arraigada familiar y laboralmente en España. Además, según recoge la sentencia del titular del Juzgado contencioso número 2 de la capital de la Plana, el delito por el que había ingresado en prisión no suponía «una amenaza ni para el orden público ni para la seguridad ciudadana», ya que se había producido más de cinco años antes. El juez no tenía, en ese momento, ningún indicio sobre actividades terroristas por parte de Es Satty.

En estos momentos en España no hay ningún registro de los imanes que enseñan la doctrina coránica en las mezquitas. Lo hacen simplemente a través de un contrato privado entre la comunidad y el imán al que tampoco se le exige ningún tipo de formación específica. Será, pues, uno de los asuntos a revisar.

El impacto emocional de estos atentados no nos puede llevar a medidas de brocha gorda. Criminalizar a todos los fieles de una religión o a todos sus dirigentes -en este caso a los imanes- es una actitud muy poco inteligente porque probablemente solo induce a su bunquerización. Pero es evidente que actividades como las de Abdelbaki Es Satty deben detectarse antes de que provoquen, como en este caso, un daño irreparable. La inteligencia policial lo puede hacer pero la normativa administrativa debe poder, como mínimo, dificultarlo como ocurre en otros países.