La negativa de la justicia alemana a extraditar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión ha caído como un mazazo sobre el Gobierno y la justicia española, y ha disparado la euforia en las filas del independentismo. Ambas reacciones resultan desproporcionadas. El juez que cursó la euroorden, Pablo Llarena, no descarta mantener el procedimiento, pero antes se plantea, con el apoyo de la fiscalía, litigar contra la justicia germana mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), con sede en Luxemburgo. El recurso, de materializarse, paralizaría durante meses las peticiones de extradición. Y, de saldarse con un revés de Luxemburgo, empañaría más la imagen exterior de la justicia española. Ni la justicia alemana ni la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aprecian que los brotes de violencia del 1-O concuerden con los delitos de alta traición o rebelión. Si pretende aferrarse a su relato, el instructor debería afinarlo si aspira a que lo valide el tribunal que juzgará los hechos. El relato del independentismo, por su parte, ha presentado el auto del tribunal germano como una victoria sin paliativos, obviando que el escrito niega que Puigdemont esté siendo perseguido por motivos políticos, lo culpa de la violencia y lo aleja definitivamente de la investidura, al abrir la puerta a su entrega por delito de malversación, igualmente castigado con pena de cárcel.
