Hong Kong ha puesto en grave aprieto a la justicia china. Cientos de miles de personas tomaron el domingo las calles de esa Región Administrativa Especial (RAE) para protestar contra el cambio de la ley de extradición. El proyecto, paralizado el jueves después de tres días de enfrentamientos entre policías y manifestantes que trataban de impedir su debate en el Legislativo, atenta contra el régimen de Un país, dos sistemas de Deng Xiaoping para recuperar la soberanía de la colonia británica de Hong Kong, en 1997, sin dañar los intereses del entonces principal centro financiero de Asia.
El texto constitucional de Hong Kong, denominado ley básica y consensuado entre Londres y Pekín en 15 años de negociaciones, establece que el territorio estará gobernado durante 50 años, hasta 2047, por los principios del sistema liberal en cuanto a economía, libertades civiles, pluralismo político e independencia judicial. Concede más derechos a los hongkoneses de los que nunca tuvieron y asienta un sistema educativo propio.
En febrero, Chan Tong-kai (19 años) viajó a Taiwán con Poon Hiu-wing (20), la mató por supuestamente estar embarazada de otro y regresó a Hong Kong. Tras ser detenido por robar el dinero que la joven tenía en el banco, el Gobierno de la RAE quiso modificar la ordenanza de delincuentes fugitivos para facilitar la extradición de Chan a Taipei y su juicio por asesinato. Según la regulación actual, Hong Kong puede firmar un acuerdo de extradición con cualquier país, excepto con el Gobierno central chino ni ningún otro de la República Popular, como el de la RAE de Macao y el de Taiwán, considerada una «provincia rebelde» y territorio inalienable de China.
Taipei ha instrumentalizado el caso para reivindicar su independencia de Pekín, mientras los defensores de los derechos humanos rechazan tajantemente el proyecto por fulminar una de las principales ventajas jurídicas de los siete millones de habitantes de Hong Kong. Según ellos, la ley facilitaría la incriminación falsa de disidentes, activistas políticos y sociales y de miembros de oenegés para lograr su traslado a la república popular, donde hay dudas sobre la independencia de los tribunales y judicatura. Tampoco creen los compromisos de los promotores de la ley sobre que los tribunales de la RAE tendrán la decisión final sobre las extradiciones y que cada caso se abordará individualmente.
A falta de extradición, los órganos de seguridad de la república popular han secuestrado a hongkoneses para cumplir penas en China, como a cinco empleados de la librería Causeway Bay Books, conocida por vender libros prohibidos en la China continental. Desaparecieron --uno de ellos en Tailandia-- a finales de 2015 para reaparecer meses después entonando el mea culpa en la televisión china.
El Partido Comunista Chino (PCCh), empeñado en controlar a sus ciudadanos, ve con pocas simpatías la excesiva occidentalización de los hongkoneses y teme que las libertades reinantes alimenten el individualismo y el separatismo. En septiembre de 2018 fue ilegalizado un partido sin representación parlamentaria que defendía la independencia de esta RAE, integrada por la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y el área continental denominada Nuevos Territorios, cuyo final del alquiler conseguido por la corona británica en 1896 propició el traspaso de la soberanía de la colonia.
La prohibición del Partido Nacional de Hong Kong se fundamentó en el artículo 23 de la ley básica que prevé promulgar una ley sobre la seguridad nacional que prohíba «la traición, la secesión y la subversión» contra el Gobierno de la República Popular. Esa ley nunca fue proclamada porque en el 2003 las protestas de más de medio millón de personas forzaron su retirada.
En el 2014, miles de jóvenes ocuparon 79 días el área central de Hong Kong en contra de que los candidatos a los primeros comicios por sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo en el 2017 tuvieran que ser aprobados por el Consejo de Ilustres, que forman 1.200 personalidades de la RAE en su mayoría cercanas a Pekín. La llamada revolución de los paraguas fracasó y nueve de los principales activistas fueron condenados a penas de hasta 16 meses de cárcel.
En mitad de la guerra comercial desatada por EEUU contra China, Washington ha mostrado de inmediato su apoyo a los manifestantes de Hong Kong. La reforma legal paralizada habría permitido autorizar las solicitudes de extradición de China, Taiwán y Macao de sospechosos de delitos comunes como el asesinato (el caso Chan) y la violación, pero solo será vista como el intento del PCCh de dinamitar el espíritu de Un país, dos sistemas.
* Periodista
