Cuando aún me encontraba en activo como docente, me dirigí a una editorial de libros de texto para indicarle algunos errores de su manual de Historia de España para 2º de Bachillerato, a pesar de que contaba con el beneplácito de las autoridades educativas, nacionales y autonómicas. Casi todos se hallaban, qué casualidad, en los temas de la II República y la Guerra Civil, por ejemplo había confusiones acerca del desempeño de cargos como el de presidente del Gobierno y presidente de la República, sobre el momento en que la jerarquía de la Iglesia católica decidió darle al conflicto el carácter de cruzada o afirmaciones sobre Negrín que no se correspondían con lo aportado por la historiografía reciente, e incluso se equivocaban al citar el lugar de su fallecimiento. Meses después la editorial se puso en contacto conmigo, pues preparaban una nueva edición del texto, y para mi sorpresa no me expresaron su voluntad de corregir los errores, sino que me ofrecían participar como coautor, si bien me encargaría de temas correspondientes a las etapas antigua, medieval y moderna. Respondí que si no podía trabajar en la parte contemporánea, y muy en particular donde estaban los errores, no me interesaba (a pesar de que ofrecían una buena remuneración).

No he vuelto a ver el texto, no sé si hicieron las correcciones, pero es un ejemplo del maltrato sufrido por ciertos periodos de nuestra historia. Con ser grave lo expuesto, aún lo es más cuando se producen ataques contra ella, y es que se ha extendido la idea de que en ciertas cuestiones sobre el pasado todo el mundo puede opinar, sin caer en la cuenta de que no todo es opinable, que existen parcelas del conocimiento en las que solo cabe lo que tenga apoyo científico, del mismo modo que a nadie se le ocurre decir que va a emitir su opinión acerca de la ley de la gravedad. En historia no hay leyes universales, pero sí procedimientos y métodos de investigación, que aclaran los hechos y, por supuesto, los interpretan. El último ejemplo de estos ataques ha sido la decisión adoptada en el Ayuntamiento de Madrid de quitarle la rotulación de calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto, dos dirigentes históricos del Partido Socialista, ambos diputados y ministros en diferentes ocasiones, y el primero de ellos también presidente del Gobierno durante parte de la guerra civil.

La propuesta ha partido de Vox, pero ha contado con el apoyo del PP y de Ciudadanos. El dirigente de Vox, de cuyo nombre no quiero acordarme, se ha permitido expresar mentiras como que ambos socialistas fueron «criminales», además de otras lindezas, similares a las que ya manifestó en otro momento en relación con las 13 rosas, pero es que han tenido la desfachatez de decir que se basan en el artículo 15 de la Ley de 2007, que como cualquiera puede leer está destinado a la exaltación de quienes promovieron la guerra o fueron partícipes de la represión posterior durante la dictadura, mientras que Largo y Prieto no fueron sino víctimas del golpe de 1936, y ambos murieron en el exilio. La derecha, no solo la ultra, tiene un problema con nuestra historia reciente, es incapaz de asumir y reconocer lo que la historiografía solvente ha demostrado desde hace mucho tiempo. Alguien puede pensar que esto no es nada más que una anécdota, que los problemas graves del país son otros, pero la historia del siglo XX nos muestra de manera fehaciente el error de no hacer frente con decisión a las mentiras de la ultraderecha, que casi siempre se ha visto arropada por otros partidos que no querían que se les llamara cobardes a la hora de defender alguna que otra barbaridad. El PP, ya ha recibido algunas advertencias de ello, debería cuidarse a la hora de dejarse llevar por las mentiras de Vox, no solo por su bien, también por el de todos los ciudadanos.