Tal y como reza el título de la célebre novela de Michael Ende (y su no menos exitosa adaptación cinematográfica), el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo ha vuelto a poner a los gastos hipotecarios en el ojo del huracán: si bien muchos se preguntarán si ese capítulo no estaba -al fin- cerrado, faltaba el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre los gastos de tasación del inmueble, el cual llegó hace unos días.

En sentencia de 27 de enero de 2021 ha declarado que es el banco, y no el prestatario, quien debe abonar la factura de tasación. Este criterio es válido para las hipotecas a las que no les sea de aplicación la Ley 5/2019, ya que ésta hace un reparto de los gastos hipotecarios entre prestamista y prestatario.

Se basa el Tribunal Supremo, para adoptar su decisión, en que la tasación del inmueble es un requisito procesal de cara a una futura ejecución directa de la hipoteca ante un impago y que, en consecuencia, es a la entidad financiera a quien le interesa. Por ello, y en aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procede la devolución al consumidor de las cantidades abonadas por dicho concepto. Siete años ha tardado en resolverse esta cuestión -aparentemente- tan evidente, una dilación absolutamente injustificada, máxime teniendo en cuenta el perjuicio que conlleva para la seguridad jurídica en el ámbito del derecho de los consumidores.

Otra nota positiva que nos deja la sentencia de 27 de enero es que, en relación con las costas del procedimiento, mantiene la línea marcada por el tribunal comunitario y ya acogida por el Supremo en resoluciones de septiembre y octubre del pasado año: las costas procesales las paga el banco, ya que lo contrario no hace más que disuadir a los consumidores de ejercer sus legítimos derechos.

IRPH, acuerdos novatorios, validez de la renuncia a reclamar a entidades financieras... Si bien todavía nos queda camino por recorrer, poco a poco se va desenmarañando la madeja de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Esperemos por el bien de los consumidores que esta historia, al fin, pueda terminar.

*Abogada