Es curiosa la forma tan gratuita en que nos faltamos el respeto los españoles y la ligereza tan banal con que lo excusamos todo. Digo esto al hilo del espectáculo bochornoso y grotesco que nuestros representantes hicieron vivir a los representados el pasado martes en la constitución de la Cortes Generales que ponen en marcha esta XIV Legislatura.
Todo juramento o promesa en el común de la gente, ya sea la que se hace ante un altar, cuando se incorpora uno al ámbito profesional o laboral, o cualquier otra, tiene un componente de solemnidad, de sacralidad. Nadie jura por Snoopy y Mafalda, por el Capitán América ni por los Payasos de la Tele. Por eso ofende, que el juramento de representar a los ciudadanos se haga de manera tan pueril y teatral, surrealista y anacrónica, como la utilizada por muchos de nuestros representantes, con el beneplácito de la presidencia de la Cámara.
Prometer o jurar el respeto y acatamiento a la Constitución como norma suprema y fundamental de un sistema jurídico en el que fundamentar la convivencia, que ha sido además votada y aprobada en referéndum por el pueblo, no es un tema protocolario ni supérfluo, sino central en cualquier «Estado democrático y de Derecho» que impone el imperio de la ley a todos los ciudadanos y poderes. Utilizar la formula de unos «por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por la república catalana y por imperativo legal, sí, prometo». O la de empleada por otros como «por imperativo legal, con lealtad al mandato del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya, por la libertad de los presos y exiliados, sí, prometo», es manifiestamente ilegal y contraria lo recogido por el Tribunal Constitucional en el año 1989, que exige que sea inequívoco dicho acatamiento, y no burlesco y contradictorio como el que vivimos. Se equivocó la presidenta del Congreso en un tema tan trascendente al consentir dichas manifestaciones en una interpretación retorcida del Reglamento del Congreso y de la jurisprudencia que lo interpreta, y por ello debería tener consecuencias legales en un país serio.
Las formas tienen importancia, y la semántica también. El Congreso de los Diputados es el sancta santorum de un régimen democrático, también del nuestro, al ser la expresión de la soberanía popular que representa al pueblo español. Todo lo que ocurre dentro de su recinto tiene amplio alcance, y por eso su presidenta, la segunda alta magistratura del Estado, debe garantizar el máximo respeto a las instituciones. Mal presagio y comienzo de una andadura que no parece vaya a ser ejemplar. El único que lo fue es Agustín Zamarrón, el presidente accidental de la Cámara al presidir la Mesa de Edad, que comenzó pidiendo perdón al pueblo español por el fracaso de la anterior legislatura que no dio respuesta al mandato de la ciudadanía. Esperemos haber aprendido algo de aquel fracaso.
* Abogado y mediador
