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CARTA ILUSTRADA

Granujas ‘low cost’

El infrutuoso intento de este lector de cobrar una indemnización por el retraso de cuatro horas de un vuelo

 

Un avión de Ryanair, compañía de la que escribe este lector. - EFE

José L. Campal / Córdoba
10/01/2019

Indigna la impunidad con la que opera Ryanair vulnerando las leyes sin que por ello se vean afectadas sus concesiones en territorio nacional, aunque muchos, tras ser víctimas de sus maniobreras triquiñuelas, ya hayamos desistido de seguir recurriendo a sus servicios, a la vista del riesgo más que evidente de quedar varados en tierra. Con Ryanair, a veces, lo barato sale caro, muy caro. En el verano de 2017, un vuelo Sevilla-Santiago de Compostela retrasó su embarque y despegue cuatro horas --con el trastorno y pérdida de enlaces para no pocos pasajeros--, por lo que solicité la indemnización que se contempla para tales casos. A pesar de que el 2 de enero recibí un oficio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) donde me informaban de que Ryanair aceptaba «el pago de la compensación reglamentaria», eso nunca se materializó. Para mayor escarnio y burla, cuando volví a quejarme a AESA del incumplimiento de Ryanair, la compañía irlandesa adujo que había procedido ya al pago en octubre de 2017, algo completamente falso, pues en el encabezamiento de la comunicación electrónica que me enviaron, como documento probatorio, no coincidían ni mis apellidos, ni mi domicilio, ni la cantidad adeudada, que nunca me fue transferida. Trasladé tal extremo a Ryanair en varias ocasiones a lo largo de 2018 (nunca respondieron) y a la propia AESA, que vino a decirme que tenía las manos atadas porque no podía «ejercer acciones judiciales contra las compañías de transporte».

¿Qué opciones me quedaban para hacer valer mis derechos? Recurrir por mi cuenta a los tribunales y ver pasar el tiempo mientras me gasto como mínimo el quíntuple de la indemnización que, de acuerdo con la ordenación legal, me corresponde por la manifiesta negligencia de la aerolínea que aparentemente tira los precios pero luego, para no ver mermada su espuria saca de beneficios, combate con uñas y dientes el pago de sus responsabilidades, dilatando los plazos, agotando todas las vías (y de paso la capacidad de seguir bregando de los damnificados, muchos de los cuales renuncian a seguir el proceso) y desentendiéndose de abonar las simbólicas indemnizaciones establecidas por los perjuicios causados a los usuarios por unos retrasos derivados únicamente de su falta de profesionalidad.

Y mientras, ¿qué hace el Estado? Tragar y callar, cuando la sanción a estos infractores aéreos debiera ser ejemplarizadora y venir acompañada de una revisión estricta de las licencias que poseen en los aeropuertos españoles, y si deben rescindírselas, que procedan sin demora a ello. Pero mucho me temo que esto sea clamar en el desierto. Como con tantas otras vicisitudes, el consumidor es, una vez más, el afectado jamás resarcido. Indignante.

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