Pedro Sánchez tomará posesión hoy como presidente del Gobierno tras ser el primer candidato desde la restauración de la democracia que se impone en una moción de censura. Sánchez llega al poder de forma inesperada, sustentado por un grupo parlamentario de tan solo 84 diputados y apoyado por una amalgama de partidos (Unidos Podemos, ERC, PDECat, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias) que no le garantizan la gobernabilidad. Además, deberá afrontar una dura oposición en el Parlamento (como ya han mostrado PP y Ciudadanos en los debates de la moción), en su propio partido (la pugna interna con Susana Díaz y otros barones está lejos de haberse zanjado) y mediática. Tiene una ingente tarea, marcada además por su promesa de convocar elecciones pronto y su decisión, para lograr los votos del PNV, de mantener los Presupuestos.
Pero la primera piedra de su trabajo como presidente del Gobierno ya está puesta: devolver honorabilidad e ímpetu a la Presidencia después de que los escándalos de corrupción mancharan al PP y al ya expresidente Mariano Rajoy. Ya antes de la sentencia de la Gürtel el Ejecutivo de Rajoy estaba en dificultades, zarandeado en la calle (las manifestaciones de jubilados y de mujeres), sin apenas pulso legislativo, acogotado por los escándalos de corrupción y con el conflicto abierto en Cataluña. Más que gobernar, Rajoy administraba los tiempos. Sánchez debe gobernar, porque tan solo esto supondría un cambio respecto el pulso mortecino de esta legislatura. Gobernar, a pesar de los problemas: muchos socios con los que pactar, la Mesa del Parlamento y el Senado en manos de la oposición, y muy poco tiempo. La CEOE ya le ha pedido que mantenga la reforma laboral, y los sindicatos le exigen lo contrario, lograr que la recuperación económica llegue a todos. La lista de deberes es larga en el terreno económico (incluye reactivar el Pacto de Toledo para una reforma integral del sistema de pensiones), el social (luchar contra la lacra machista, volver a universalizar la sanidad), el de las libertades y derechos (acabar con la ley mordaza) y el político (reactivar la ley de memoria histórica). Este giro social, esta voluntad de desactivar algunas de las leyes más retrógradas de la etapa Rajoy, forma parte de las promesas de Sánchez. Lograr llevarlo a cabo requerirá una cintura inédita en la cultura política española, ya que el experimento Sánchez (un presidente del Gobierno en minoría que necesita pactos a múltiples bandas) es inédito en un país en que, a menudo, pactar es concebido como una derrota. La increíble biografía política de Sánchez obliga a darle un voto de confianza: ha demostrado ser capaz de maniobrar en situaciones muy adversas. Uno de los motivos de inquietud es que los votos de los independentistas catalanes lo han aupado a la Moncloa, aunque su postura frente al independentismo es conocida, y el mismo Rajoy elogió su lealtad en la aplicación del artículo 155. Quizá, sin apartarse del criterio constitucionalista sea posible crear condiciones para alumbrar una nueva etapa con la que encarar el grave conflicto institucional.
