Partiendo del legítimo derecho a la independencia, si este se ejercita de forma ilegal pierde total legitimidad. La ilegalidad del referéndum que pretenden los separatistas para el próximo 1 de octubre, es por todos conocida, hasta por ellos mismos. Pero su obcecación es tal, que además pretenden el engaño de una independencia que es imposible, no solo por ir contra ley y no ser reconocida por las instituciones internacionales, sino por las actuaciones fraudulentas que están realizando, y que de por sí, le restan legitimidad alguna para hablar de democracia, libertad y derechos. Fue bochornoso el espectáculo visto en el Parlament, dirigido y consentido por la presidenta de la Cámara catalana, quien excediéndose interesada y parcialmente en su papel de moderador, no dio la palabra a la oposición, obvió los informes jurídicos de la propia Cámara, desoyó la petición de intervención del Comité de Garantías estatutario y permitió la sustitución de firmas de miembros de la Mesa que se negaban a rubricar un documento ilegal e improcedente. Todos los medios lo consideraron un atropello a la democracia, como realmente fue, como el hecho de no respetar unas banderas españolas de un compañero parlamentario.
A ello se une el oscurantismo sobre el censo de ciudadanos que podrían votar, el lugar donde lo harían, al no estar todos los espacios públicos disponibles como así valientemente lo han manifestado algunos alcaldes catalanes; donde y con qué dinero se han comprado las urnas o se están imprimiendo las papeletas, permitiendo que se puedan imprimir en casa. Se está actuando desde un principio de forma oculta y fraudulenta y sin ninguna garantía y seguridad jurídica del pretendido referéndum.
El engaño también está en que no es necesario una cuota mínima de participación para la validez del resultado. Y con ello, también quieren hacer caer en la trampa a los no independentistas diciéndoles que vayan a votar su no, para así después declarar que si votan, es porque reconocen el referéndum a todas luces ilegal. Todo son artimañas, mentiras y abusos que en manera alguna legitima un proceso independentista. Y los que realmente quieren independizarse del resto de España, debieran exigir un proceso lícito, adecuado, legítimo y justo…. sin entender cómo no lo hacen a estas alturas.
Pero lo peor de todo no es solo la malversación de fondos públicos para intereses partidistas en detrimento de los derechos, sobre todo sociales de los catalanes, sino el enfrentamiento social e institucional que está provocando malintencionadamente. Se presiona a alcaldes para que cedan lugares municipales para la votación pretendida cuando la comunidad autónoma catalana tiene espacios propios; se intimida a los funcionarios, se destituye a quien no comulgue con su idea secesionista, e incluso se desafía llamando sin escrúpulos a la desobediencia civil. Y ello, con el único objetivo de escudarse en la gente y ciudadanos para evitar su responsabilidad política e incluso penal en la que están incurriendo y culpar de todo al «inmovilismo» del Gobierno de Rajoy. No se puede negociar con quien impone ilegalidades. Y el Gobierno central lo tiene fácil para aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues si judicialmente imputan a los miembros del Govern, la comunidad autónoma queda descabezada y sin poder gobernar. Aunque me temo que los políticos independentistas harán todo lo posible para teatralmente escenificar un referéndum y proclamar su república independiente, porque no pueden políticamente defraudar a sus seguidores, he ahí su gran mentira.
* Abogada
