Resulta relativamente fácil constatar, y en general a los actuales hechos habría que remitirse en cuanto a la gobernación del Estado se refiere, que al parecer el Gobierno, y al frente de él su pusilánime y dubitativo presidente y la adjunta suprema y sobrepasada vicepresidencia, se encuentra superado por las circunstancias de la mareante y estomagante crisis política accionada por los secesionistas catalanes, al no habérsela sabido atajar debidamente y a tiempo, ni mucho menos con agilidad y eficacia, y por tanto yendo a la saga de los movimientos y ocurrencias del huido de la justicia Puigdemont, et alii, tan en pro apoyado en esa aventura por sus fieles cohortes personales y mediáticas. Una situación que a la sociedad le pasa, día a día, la correspondiente y onerosísima factura a la que se le añade, para mayor abundamiento, la resultante de los enjuiciados casos de corrupción que afectan al PP mermándole al gobierno su depauperada credibilidad.
Y todo ello sin que, ni en la sede de Génova, ni en Moncloa, ni entre los mandarines de sus taifas autonómicas, se oficie el menor criterio discrepante, ni se oiga la más mínima voz de alarma, y sin que se entienda cómo en un momento tan positivo de crecimiento y recuperación económica aumente la desigualdad, la inseguridad, la desprotección, el descrédito y la devaluación de la democracia. Y en lo que atañe a la productividad de la actividad laboral resulten tan desfavorables las consideraciones al respecto, impidiendo por ello que se alcance el ranking de las economías punteras, pues el empleo de calidad, estable y equitativo, incide en aquella positivamente.
Máxime habiéndose estancado las iniciativas políticas que conciernen a las inevitables y necesarias reformas estructurales de la economía, habida cuenta de la elevada tasa de paro laboral, del orden del 15% de la población activa, así como del abuso de la contratación temporal, engendradora de una alta rotación del empleo, dificultando el desarrollo del capital humano, mientras permanece bloqueada la aprobación parlamentaria de los PGE.
* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho
