El alcalde de Armilla, el socialista Gerardo Sánchez, se sentará en el banquillo por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la adjudicación presuntamente irregular de las obras de una rotonda de acceso a la localidad granadina. El fiscal solicita cuatro años de prisión y dieciséis años de inhabilitación para cargo público.
