A más actividad, más accidentes laborales y más vidas segadas de la forma más absurda e injusta. Esta ecuación --más trabajo, más accidentes-- no debería estarse dando en un entorno de economía y legislación avanzadas como es el nuestro, pero así ha ocurrido: a medida que se empezaba a salir de la crisis, las cifras de siniestralidad laboral repuntaban. Y quizá con más virulencia que antes, pues el actual entorno laboral es demasiado inestable para los trabajadores como para que sean eficaces las medidas de formación y prevención. La precariedad no es precisamente el mejor aliado de la seguridad, y Andalucía, como el resto de España, paga las consecuencias con 111 muertes en el trabajo en las cifras provisionales del 2017, de las que 11 se produjeron en la provincia de Córdoba. Por si se considera necesario el dato que confirme los efectos de la precariedad laboral en las muertes en el tajo, baste saber que de los 111 fallecidos cincuenta llevaban menos de un año en su empleo, 26 de ellos menos de un mes y, tristemente, seis empleados solo estuvieron un día en ese puesto de trabajo, jornada que les costó la vida. A estas víctimas se suman las de los cerca de cien mil accidentes laborales no mortales registrados el año pasado. El incremento, del 7%, incluye los accidentes in itinere y un factor que se ha disparado desde el año 2012, en que se aprobó la reforma laboral: el de los ictus e infartos ocasionados por el estrés.
Es normal que en estas circunstancias actúe la Administración andaluza. De ahí la oportunidad de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 presentada esta semana por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y firmada por las secretarias generales de CCOO y UGT-A y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La estrategia está dotada con 59 millones de euros para planes de actuación que incluyen líneas de incentivos para inversiones en prevención y seguridad laboral. Aunque encomiable, la posibilidad de «siniestralidad laboral cero» que defiende Susana Díaz parece algo ingenua, aunque no lo es el objetivo de conseguir una muy importante reducción de los accidentes en el trabajo, especialmente esas muertes que rayan en lo absurdo por producirse en condiciones de absoluta desprotección y falta de formación del trabajador. Ahí no se trata solo de buena voluntad y de facilitar medios, sino de una inspección que actúe con el máximo rigor. Es bueno que haya consenso entre las partes, y que tanto Administración como empresarios y sindicatos se muestren dispuestos a esforzarse en este empeño. La concienciación es clave para que las medidas sean eficaces, como lo es la necesidad de que la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo esté dotada de medidas precisas y de un control presupuestario que se ajuste a lo que se promete. El acuerdo alcanzado es bien recibido. Ahora es necesario un auténtico empeño en su ejecución.
