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Editorial

Franco saldrá al fin del Valle

 

12/10/2019

El Valle de los Caídos cerró sus puertas este viernes y cuando las vuelva abrir, el día 25, los restos de Franco ya no estarán allí, dando así por finalizada una anomalía histórica, que un dictador tuviera un mausoleo sostenido con dinero público 44 años después de su muerte, un caso único en Europa. Al Gobierno le ha costado 16 meses vencer las resistencias de la familia de Franco, de la asociación que acoge a algunos de los nostálgicos de su régimen represivo y de la autoridad de la orden religiosa que se ocupa del recinto.

Pero antes el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que aprobar una Ley de Memoria Histórica, modificada mediante un decreto bajo el mandato de Pedro Sánchez para impedir que nadie que no fuera víctima de la guerra civil siguiera enterrado en el Valle, lo que excluía a Franco, que no fue víctima, sino verdugo, y finalmente el Tribunal Supremo ha tenido que dictar una sentencia, tres autos y dos providencias para que el Gobierno pueda proceder a la exhumación y traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Pese a la unanimidad con que fue adoptada la sentencia, los últimos obstáculos han sido los protagonizados por un juez de Madrid que exigía una licencia de obras que el Supremo ha considerado innecesaria, y, sobre todo, por el prior de la basílica, Santiago Cantera.

El prior alegaba que el Gobierno no podía intervenir en «lugar sagrado» sin su permiso y que se atentaba a la libertad religiosa. El Supremo ha desbaratado ambos argumentos y le ha recordado que la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias, pero Cantera aún defendía ayer que proseguirá la batalla legal, aunque no opondrá «resistencia violenta» a la exhumación. Menos mal, se podría decir, ante una actuación que compromete también a las autoridades religiosas. Aunque el prior del Valle no depende de la Conferencia Episcopal, sino de la orden benedictina con sede en Francia y en último término del Papa, se ha echado en falta un pronunciamiento tajante de la jerarquía española y del Vaticano, que, pese a no oponerse a la exhumación, tampoco ha desautorizado al prior rebelde.

Lo mismo se puede decir de la familia de Franco, que no ha dejado de poner obstáculos en un caso que clamaba al cielo y en el que, como ha dicho el Supremo, el interés general está por encima del particular o familiar. Han recurrido incluso al Tribunal Constitucional por si se han violado derechos fundamentales, lo que ya ha descartado el Supremo. El Gobierno ha decidido que los nietos del dictador puedan asistir, si lo desean, a la exhumación y para ello serán avisados con 48 horas de antelación. No se puede decir que el Ejecutivo no haya sido cuidadoso hasta el último detalle, siguiendo todos los procedimientos legales, para, en palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, «cerrar con dignidad lo que no era digno».

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1 Comentario
01

Por Jologo 8:35 - 12.10.2019

Con todos mis respetos, decís que es una anomalía histórica, anomalía de verdad será a partir de ahora donde habrá dos " santuarios" para " el dictador", el que él hizo , Valle de los Caídos" y el cementerio de Mingorrubio,una nueva ruta turística, torpe el gobierno,torpe la izquierda, a lo mejor es que lo ha hecho para promocionar el empleo de ocio,digo yo