En la mayor crisis sanitaria y económica de la democracia, ha quedado patente el fracaso de la gestión del Estado en sus relaciones con la distintas comunidades autonómicas y ayuntamientos. Primero, actuó aquel como mando único, y levantado el estado de alarma, mientras vacacionaba, dejaba a su merced a las administraciones autonómicas y locales, con una dejación absoluta de sus funciones y dejando actuar a las autonomías y ayuntamientos como si fueran estados federales independientes y no como parte de la organización territorial del Estado, de la que forman parte. La Constitución reconoce a todas esas entidades autonomía para la gestión de sus intereses, pero igualmente dispone que el Estado garantiza el principio de solidaridad, velando por el equilibrio adecuado en las distintas partes del territorio español, teniendo todos los españoles los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Todo ello se logra sirviendo el Estado, comunidades autónomas y entidades locales con objetividad los intereses públicos y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, lealtad institucional, colaboración, cooperación y responsabilidad en el ejercicio de sus obligaciones y compromisos. A la vista del agravamiento de la emergencia sanitaria y del desconcierto e intranquilidad respecto del inicio escolar, es evidente que no se han cumplido con esos principios previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Presidentes autonómicos y alcaldes de distinto signo político, incluso socialistas, han reclamado en distintas ocasiones al Gobierno medidas de coordinación, esa cogobernanza de la que hablaba Sánchez, sin embargo, la respuesta de éste, tras sus vacaciones, ha sido que sean ellos quienes pidan el estado de alarma, sin contemplar otro plan B que no sea ese. Quedó totalmente en el aire la manifestación de la vicepresidenta Calvo de reformas legislativas en materia de salud, creando unas expectativas al resto de gobernantes que nunca se materializaron; el Gobierno nunca contempló realizarlas, a pesar de ser reclamadas desde el estado de alarma. Ahí queda retratada la falta de liderazgo del presidente y del resto de miembros de su Gobierno, por inactividad y pasividad en la coordinación y cooperación en salud, educación y economía, principalmente. En breve veremos distintas actuaciones educativas, vulnerandose la garantía en igualdad a la educación pública que tanto abandera la izquierda, y ya es patente el fracaso de la mayor apuesta de Podemos en la tramitación del mínimo vital. Resulta indignante que sólo haya sido posible la gestión favorable de un 1% de dichas solicitudes, evidenciando el fracaso de la administración electrónica y la falta de interoperabilidad entre administraciones, así como su nefasta regulación. En el mínimo vital hay que aportar unos documentos que ya constan en las distintas administraciones, sin embargo, se obliga al solicitante aportarlos previa petición de cita previa para su obtención y con el plazo en peligro de vencimiento. No hubiera sido más sencillo, que el solicitante diera su autorización de consulta de dichos archivos sin necesidad de crear más burocracia sobre datos que ya tiene la propia administración? Pero no, la improvisación y el interés partidista sigue por encima del interés general de los ciudadanos. La falta de coordinación entre administraciones prevista legalmente, implica ausencia de liderazgo, incompetencia, ineptitud, en definitiva, irresponsabilidad. Y los perjudicados, como siempre, los ciudadanos.