El acto institucional del Día de Andalucía traslada siempre el sentimiento positivo y el orgullo ante los méritos alcanzados, en tantos registros de la vida profesional, por los andaluces distinguidos, medallas e hijos predilectos, que encarnan los mejores valores. Es también una ocasión adecuada para revisar el camino que se sigue y plantear objetivos. Un poco de todo esto hubo ayer en la conmemoración oficial del 28-F, en el que este año la reforma del sistema de financiación autonómica ha estado en el primer plano de los discursos. «Defender a Andalucía es defender la financiación de Andalucía», dijo la presidenta, Susana Díaz, lanzando una llamada indirecta a Ciudadanos, que se ha quedado al margen del acuerdo inicial alcanzado por todos los grupos, con la gran sorpresa del apoyo del PP. Horas antes se escuchaba un mensaje similar del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, llamando al consenso «en lo esencial». Lo cierto es que si el debate sobre el modelo de financiación autonómica se va a hacer en el complejo escenario de una negociación de todas las autonomías con el Gobierno, sería muy conveniente que Andalucía presentara un frente sin fisuras. Aún hay margen, hasta que el documento se lleve a la Cámara andaluza, para acercar posturas con un C’s cuyo presidente andaluz, Juan Marín, se mantuvo ayer firme en su desacuerdo, aunque sin entrar en explicaciones.

El momento es clave para Andalucía. La crisis abierta por Cataluña supone una amenaza de «desigualdad» a la que aludía Díaz, al tiempo que la estabilidad de la Junta le da a Andalucía fuerza y capacidad para ser ese «eje vertebrador» que le atribuyó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuya asistencia al acto puede tener varias interpretaciones, pero que mostró en este asunto un claro apoyo a la presidenta. Esta centra en una financiación «justa» (la Junta estima que acumula ya un déficit de 5.522 millones de euros) la propia supervivencia de las competencias autonómicas, y la considera necesaria para perfilar «un profundo cambio estructural en Andalucía». Aunque, como cabe esperar en un discurso institucional, no hubo autocríticas, Díaz no eludió señalar el empleo como el primer «gran problema social» de Andalucía, un reto, el de reducir las cifras de paro, que le corresponde (también a los empresarios, a los que llamó a pagar salarios dignos). Tras los esfuerzos de la crisis ha llegado otra etapa, en la que Andalucía debe encontrar su sitio. Con más financiación para conseguir ese «cambio» que preconiza, sí, pero con mejor gestión, con capacidad para ilusionar a la sociedad y permitir el regreso del talento, y con políticas de desarrollo económico eficaces.