En España, las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA). Esto significa que la prestación de todos los servicios sanitarios y su pago depende, en nuestro caso, de la Junta de Andalucía. En 2017, la Junta destinará a sanidad unos 9.300 millones de euros, lo que supone el 28% de su presupuesto total y un 6% de nuestro PIB. Si bien nos hemos de preguntar cuál es el origen de ese dinero que, obviamente, es el mismo para cualquier Comunidad Autónoma excepto País Vasco y Navarra.

Pues bien, la financiación de los sistemas de salud se lleva a cabo dentro de las reglas de la financiación autonómica. Así, en primer lugar, se realiza a través de los tributos gestionados íntegramente por las CCAA (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, e impuestos sobre el juego y tasas afectas a servicios transferidos), además de aquellos gestionados parcialmente (IRPF), cuyos tipos impositivos difieren según se resida en una región u otra, junto con la participación en la recaudación del dinero procedente del IVA (50%), de los Impuestos Especiales (58%), y de la electricidad (100%), cuyos tipos son iguales para todos los ciudadanos; y, en segundo lugar, mediante lo que se denomina Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales donde las propias comunidades autónomas aportan un 75% de los recursos, procedentes en su mayoría de estos tributos cedidos y compartidos, y el Estado un 25%, derivados de los impuestos generales. También existe el Fondo de Suficiencia y dos de Convergencia que financia exclusivamente el Estado para satisfacer necesidades singulares de cada región.

En cuanto al modo de reparto del dinero del Fondo de Garantía, se redistribuye según la población ajustada de cada región, considerando tanto el número de habitantes como criterios de dispersión o edad, y estimando el coste relativo por habitante de ofrecer un conjunto de servicios públicos comunes. De ahí que haya CCAA que siempre han sido aportadoras netas, es decir, ponen más dinero en el Fondo de lo que obtienen, como Madrid y Baleares, y otras que siempre hemos sido receptoras netas como Andalucía.

Por tanto, el dinero para la sanidad andaluza lo pagamos todos los andaluces a través de los impuestos cedidos, todos los españoles a través de los impuestos compartidos y otra parte proviene de la solidaridad intrarregional de otras comunidades autónomas. A partir de aquí la reflexión viene por un pequeño incidente que me comentaron se produjo en un conocido hospital de la capital cordobesa. Al parecer, un señor, que no se sabe muy bien quien era, increpó, no de muy buenos modos, a una paciente recién operada porque tenía residencia en otra provincia andaluza. Aparte de que distintas leyes nacionales y autonómicas (por ejemplo, la Ley 16/2003) establecen que en España se garantiza que todos los ciudadanos tienen el derecho a la protección de la salud, asegurando la equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional de Salud, quisiera comentarle a este señor que si no fuera por los impuestos pagados por todos los andaluces, e incluso por algunos ciudadanos de fuera de nuestra comunidad, ni este ni ningún hospital de nuestra CCAA podrían tener las dotaciones que tiene, y que además no son las mismas en todas las provincias andaluzas, cuestión que desde luego habría que analizar profundamente. Así que vamos a dejarnos todos de pegos. Para ser justa, también me comentaron que excepto por este señor, el resto del personal, tanto médico como administrativo, tuvo una conducta exquisita y altamente profesional y humana, pero ya se sabe que en todos lados hay manzanas podridas.

* Profesora de Economía de la Universidad Loyola Andalucía