Formalmente, la campaña electoral de las elecciones del 10 de noviembre durará ocho días, pero en la sesión de control de ayer del Congreso se vivió el primer acto de una larga campaña en la que los diferentes partidos tratarán de amortizar --y de llevar el agua a su molino-- la irritación ciudadana con el bloqueo político que ha llevado a la cuarta convocatoria electoral en cuatro años. En un tono muy duro, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cargó contra los líderes de Ciudadanos y Unidas Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, por no haber propiciado su investidura. De esta forma, Sánchez evidenció que parte de su estrategia electoral pasa por recabar el apoyo de votantes desengañados por el papel de Rivera e Iglesias en el bloqueo institucional. Que también tuviera palabras duras con los partidos independentistas catalanes denota que, ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés, el candidato socialista pretende no sufrir una hemorragia de votos por la derecha a cuenta de Cataluña.

La intención de Sánchez de jugar a izquierda y derecha es coherente en términos electorales. Aun así, el candidato socialista comparte con Unidas Podemos la incertidumbre respecto a cómo reaccionará el electorado de izquierdas al fracaso de las negociaciones entre los dos partidos de izquierdas para formar Gobierno. Comprobar hasta qué punto se desmoviliza el electorado de izquierdas y qué partido paga la factura más alta por la frustración que generó la fallida investidura puede ser una de las claves de las elecciones. Si durante el proceso negociador socialistas y morados se esforzaron en controlar el relato de lo que sucedía, durante la larga campaña este mensaje será aún más importante. El precio a pagar puede ser que crezca aún más la desconfianza entre dos partidos que las encuestas indican que tras el 10-N pueden verse de nuevo en la situación de entablar otro proceso negociador.

En el tablero andaluz, queda la incógnita de hasta qué punto los meses de gobierno de la coalición PP-Cs en la Junta pueden cambiar en un sentido u otro el criterio de los electores, que en abril dieron al PSOE una clara victoria, con 24 escaños que superaban la suma de los 11 obtenidos, respectivamente, por PP y Ciudadanos. El Gobierno andaluz estudia cómo compatibilizar el debate de los Presupuestos de Andalucía con la inminente campaña para no «contaminarlos», y está pensando incluso en modificar las fechas previstas.

Finalmente, si la sentencia del procés llega en las fechas previstas, con un Gobierno en funciones, marcará las elecciones en Cataluña y en toda España, una de las consecuencias perniciosas de la incapacidad de los partidos para investir a un presidente y facilitar un clima de estabilidad en España. Quién y cómo pagará la factura del bloqueo marcará el resultado electoral.