Como en el 2016 se cumplirán diez años desde que el Obispado registrara a su nombre la Mezquita-Catedral, una plataforma, que está teniendo adhesiones internacionales, pretende que el sincrético monumento, sea declarado "patrimonio público" por vía judicial o legislativa. Todo ello, sin pretender expulsar a la Iglesia de la posesión que detenta, para llevar a cabo el culto católico, desde que san Fernando tomó la ciudad a los sarracenos.
En términos generales, la referida plataforma cívica no trata de ignorar la Historia sino de adaptarla a su dinámica realidad pues, como muy bien ha reconocido el alcalde José Antonio Nieto, dando en la diana, actualmente la Mezquita se ha convertido --lo que nunca fue durante su devenir--, en el más importante "motor del turismo cordobés". Actividad adventicia para un templo y que, como es obvio, se encuentra más cerca del tráfico mercantil que de los quehaceres religiosos estrictos. Hechos que no deben mezclarse ni confundirse si queremos buscar la claridad de la cuestión salvándola de enredos interesados.
A lo anterior debemos añadir que quienes reclaman, desde la plataforma, la cualidad de "patrimonio público" convergen en el fin último de la reivindicación, pero no lo hacen desde una causa exclusiva sino desde diferentes motivaciones que pueden sintetizarse en las cuatro siguientes:
Primera. Sentir indignación porque, desde un tiempo próximo quieran imponer, en detrimento de la realidad palpable, el nombre único de Catedral a un lugar que, siglos y siglos, se llamó Mezquita-Catedral. Esa tergiversación, que puede producir desconciertos, es verificable en folletos de propaganda o haciendo la visita nocturna --por cierto, carísima-- del monumento, primorosamente iluminado, y escuchando la voz en off que explica, una vez y otra, que el visitante se halla en una catedral, mientras comprueba que arquitectónicamente, y según el reconocimiento universal, la Mezquita es lo que dota al edificio de su sello irrepetible y no la Catedral que, guste o no, ocupa un plano secundario.
Segunda. Pensar que la inscripción registral del 2006, que literalmente empieza así: "Urbana. Santa Iglesia Catedral de Córdoba, situada en la calle Cardenal Herrero número uno-" es inexacta pues confunde, con deliberación --lo que explica por qué vienen escamoteando el término mezquita--, la parte con el todo. Inscripción que, también, puede ser jurídicamente incorrecta pues la Iglesia la llevó a cabo arrogándose --en otro caso no podría haberla hecho--, la calidad de Corporación de Derecho Público, que le fue negada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 340/93. Pero hay algo más. Dicha inscripción, que es documento público, contiene --cosa muy grave-- una falsedad preconcebida. Dice, exactamente: "La Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984". Incierto. Lo que la Unesco declaró e inscribió en su registro de Bienes Patrimonio de la Humanidad, en 1984 fue "The Mosque of Córdoba". Y lo hizo "por su carácter singular en el que la arquitectura árabe se manifiesta en todo su esplendor".
Tercera. Entender --como es nuestro caso--, que deberíamos copiar lo que han hecho en Constantinopla, inteligentemente, con la Basílica-Mezquita de santa Sofía y desligar a la Mezquita-Catedral cordobesa de sus utilizaciones sacras, ofreciéndola, de forma gratuita, a la admiración del orbe como un edificio cultural en el que, durante el transcurrir de los siglos, se desenvolvieron varios credos religiosos, casi nunca bien avenidos.
Cuarta. Negar que deban emplearse cuantiosísimos fondos públicos para conservar y remozar un monumento de máximo atractivo turístico, cuya explotación económica, escondida tras el eufemismo "donativo", queda en manos y decisión de un ente extra estatal. Dicho con otras palabras: evitar a toda costa, por ser de justicia, que los beneficios de una actividad empresarial, ajena al culto religioso, vayan a persona jurídica distinta del Estado que gasta, para conservar la Mezquita-Catedral, cantidades millonarias extraídas de los impuestos que pagan los contribuyentes, sin distinción de credos. Piensen en los costes que tuvo restaurar la torre catedralicia en los años 90 del siglo pasado.
Como estimamos que los motivos sobredichos son, se esté o no de acuerdo con ellos, respetables, en un contexto de variedad de opiniones, la descalificación que efectúan los contra opinantes resucitando viejos embelecos, que creíamos desaparecidos, y usando afirmaciones tan inaceptables e inciertas como que se pretende expropiar un bien de la Iglesia, andan fuera de tiempo en un mundo plural, donde jamás debe sufrir menosprecio la libertad de expresión y la rectitud de las intenciones.
Para concluir, queremos detenernos en una curiosidad que parece ilógica. Las ideas de la plataforma son menos tajantes que las del dictador Franco, el cual, en su día, intentó que los amigos árabes usufructuaran la Mezquita y edificasen, costeada por ellos, una Catedral nueva. Sin embargo, la Iglesia, entonces, no recriminó la idea del invicto caudillo sino que, en vez de tacharlo de laicista, siguió asperjándolo en los atrios de los templos a los que entraba bajo palio. Quizás, la razón de la incongruencia esté en que los beneficios turísticos de la Mezquita-Catedral eran muy modestos, en comparación con los actuales. Tal vez, en dichos beneficios esté la madre del cordero. Por eso, si queremos entender la situación, lo más seguro es pensar que todo puede reducirse a una frase de estirpe cervantina: "Con el euro hemos topado". Así se esclarecen las razones que tienen para introducir en el mismo saco al hecho religioso y al negocio turístico.
* Abogado y escritor
