Un juzgado de Madrid inició con ella una causa por supuesta financiación ilegal del PSOE valenciano que ya suma 17 imputados. A la excandidata socialista a la alcaldía de Alicante y exdirectora general de Consumo del Gobierno de Zapatero le atribuye posibles delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de un contrato por importe de 184.138 euros.