En 1936 Alcalá-Zamora fue destituido como presidente de la República por las Cortes con mayoría del Frente Popular. El argumento utilizado para ello fue que había disuelto por dos veces el legislativo, y que la segunda de ellas no estaba motivada, por lo cual cabía someter a votación su continuidad según lo establecido en el art. 81 de la Constitución. Joaquín Tomás Villarroya señaló que aquel acto fue «contrario a la Constitución y aun a una lógica elemental», Francisco Tomás y Valiente dijo que «se decidió por razones políticas la sustitución, se buscó la vía jurídica y se creyó encontrarla en el art. 81» y Salvador de Madariaga lo consideró como «la agresión más grave contra la República». Fue un error político, que el político andaluz no dudaría en calificar como un «golpe de estado parlamentario», y en un artículo publicado en 1937 señalaba: «No se recuerda una prevaricación parlamentaria tan confesada y, sin embargo, tan inconfesable». Aunque sea comprensible su malestar y su discrepancia con la decisión adoptada, no hay duda de que don Niceto cometía un exceso a la hora de utilizar el término «golpe de estado», pues no hubo ningún cambio en la forma de gobierno ni en la organización del Estado, tan solo se cambió a quien ostentaba la máxima magistratura del país.
Lo que no parece comprensible es que Pablo Casado utilice de manera frívola la cuestión de un golpe de Estado, e incluso diría que es inadmisible que haga a Pedro Sánchez «partícipe y responsable del golpe de estado que se está perpetrando en España», no solo por la gravedad de la acusación, sino por la mentira tan evidente que representan sus palabras, ya que nadie puede afirmar que ahora mismo se esté produciendo un hecho de esas características en Cataluña. Por cierto, de las palabras del líder popular se deduce, por lógica, que hace responsable a Rajoy de lo acontecido hace un año, si bien no creo que lo convierta también en partícipe, palabra esta última que luego en sucesivas declaraciones no ha vuelto a repetir, sí la de responsable, lo cual me lleva a pensar que quizás se haya dado cuenta de su error y de lo caro que le puede costar cometer esos excesos verbales. Ha insistido en que a lo mejor Pedro Sánchez no ve un golpe de estado en lo realizado por Napoleón en Francia, el general Pavía en 1874 o Miguel Primo de Rivera en 1923, como expresó la pasada semana en Córdoba, donde además afirmó que estamos «ante una tergiversación histórica del propio concepto de golpe de Estado», cuando en realidad es él quien no tiene claro lo que en términos históricos entendemos por una acción violenta cuyo objetivo es controlar la instituciones, con independencia de que se modifique la forma de gobierno. Es más, le bastaría con recordar lo ocurrido en 1936, aunque ya sé que no le gusta volver sobre aquellos hechos, nos lo dijo (a la izquierda) en 2015: «Son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién». Cuando se es capaz de insultar a tantos ciudadanos que aún están en cunetas y en fosas comunes, no es extraño que luego también se insulte a un presidente del Gobierno y se le digan cosas como las citadas desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde él ocupa un escaño que representa a todos los ciudadanos, también a los familiares de miles de «no sé quién».
En el PP tienen un problema con el reconocimiento de lo que debe ser una aproximación a la realidad histórica de nuestro país, como prueban las críticas que le llovieron a Casado tras sus consideraciones sobre la Hispanidad. En 1992, durante la campaña presidencial de Clinton se acuñó el lema: «La economía, estúpido», a la cual se le añadiría luego el verbo «Es». A Casado habría que decirle: «Es la Historia», y como soy mucho más respetuoso que él, no añado nada más.
* Historiador
