Hoy, 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que, este año, viene irremediablemente marcado por la pandemia del covid-19, la emergencia sanitaria que estamos sufriendo a lo largo de todo el 2020, y que tanto ha afectado a las personas con discapacidad. Hay que recordar que todas las crisis golpean siempre con más dureza a los colectivos más vulnerables.

Me refiero a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que dejaron de acudir a sus colegios, aulas específicas, o centros de atención temprana durante el confinamiento y que, pese al trabajo a distancia de sus profesionales de referencia, han perdido un valioso tiempo para seguir avanzando en su autonomía personal.

También a las personas con discapacidad que vieron cerrar sus centros de día y talleres ocupacionales, o se les restringían las visitas en sus residencias ante la necesidad de proteger su salud, pero a costa de considerables cambios en sus rutinas que afectaban a su bienestar físico y emocional.

También especialmente a las mujeres con discapacidad que han sufrido abusos, agresiones y humillaciones estos meses al verse obligadas a convivir con sus maltratadores.

Igualmente, a las personas con discapacidad que durante los primeros momentos de esta crisis sufrían la falta de accesibilidad de la información relativa al virus, a las medidas o a las restricciones que se acordaban.

El trabajo que hemos realizado desde la Junta de Andalucía ha tenido siempre como objetivo que las medidas para salvaguardar la salud tuvieran el menor impacto posible en los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Seguramente no siempre habremos logrado el mejor de los equilibrios posibles entre salud y derechos, pero era nuestra meta.

Por tanto, esta celebración ha de servir para concienciar sobre nuestros retos para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. El más inmediato es que esta situación de emergencia sanitaria no suponga una discriminación para las personas con discapacidad porque les produzca un mayor recorte de derechos que al resto de la ciudadanía.

Y a medio plazo, el reto de replantearnos el modelo asistencial sin incurrir en el error de medicalizar esa asistencia. Las personas con discapacidad no son enfermos, llevamos muchos años luchando contra ese estigma para dar ahora pasos atrás. Los recursos sociales son hogares, no hospitales.

Finalmente, este 3 de diciembre desde la Junta de Andalucía queremos renovar nuestro compromiso de colaboración constante con las entidades que representan al movimiento asociativo en torno a la discapacidad en Andalucía. Un compromiso que ha de materializarse en el proceso de reconstrucción social y económica de Andalucía que ya está en marcha, velando para que nadie quede atrás en el futuro de dignidad y justicia social por el que trabajamos con esperanza.

* Director General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía