Madrid Central, la zona perimetrada de bajas emisiones de NO2 (dióxido de nitrógeno), con una extensión de 472 hectáreas en el centro neurálgico de la capital, fue una de las últimas medidas aprobadas por el gobierno municipal de Manuela Carmena y el centro del debate en los últimos comicios, hasta tal punto que la derecha convirtió su derogación en una de sus principales ofertas electorales. Su puesta en marcha, con una circulación acotada a los vehículos eléctricos o híbridos, se produjo a finales del 2018 con el objetivo de revertir la contaminación en un 23% en el 2020. Madrid se convertía así en la primera ciudad española que imponía una medida tan radical para salvaguardar el medio ambiente, al tiempo que evitaba la previsible sanción de la UE. La llegada al poder del PP ha supuesto, de facto, la reversión de Madrid Central, con una moratoria de tres meses en las sanciones que es el paso previo para anular una zona que ha demostrado su eficacia en los meses en los que ha estado activa. La intervención de los juzgados ha paralizado la iniciativa de Martínez-Almeida, que contaba además con una fuerte oposición vecinal. Al menos por el momento. Pero un asunto tan delicado no debería acabar en un tira y afloja judicial. Madrid Central debería estar al margen, por difícil que sea, de la tirantez ideológica, con decisiones consensuadas que eviten la indefinición de estos días.
