Estamos a las puertas del Congreso Extraordinario del PP con dos candidatos, que no ceden ante la idea de una lista integradora que ellos mismos propugnan. Aparece Pedro Sánchez, después de su perfil bajo tras la moción de censura para diluir en la memoria de los ciudadanos su propuesta de convocatoria de elecciones, proponiendo ahora medidas sociales, de memoria histórica y de negociación de un nuevo Estatuto para Cataluña que todos voten, para contentar así a sus socios independentistas y populistas, a los que tanto necesitan para sacer adelante cualquier propuesta. Mientras, Podemos siempre a la sombra de Sánchez intentando no perder protagonismo y actuando Iglesias como delegado del presidente. Y Ciudadanos (Cs) preparándose para las elecciones que se avecinan, las andaluzas, donde realmente se necesita un cambio después de 40 años de socialistas.

Ante este panorama político, hará un mes y medio, se dio la circunstancia que me sorprendió gratamente y me pareció un ejemplo a seguir, y también por supuesto a exigir. Se le ha dado poco eco y transcendencia, no solo por los propios grupos políticos, con tan solo una palmadita en la espalda de «muy bien» y ya está, sino por los propios ciudadanos. Me refiero al hecho de que Rajoy, al perder la moción de censura y dejar de ser presidente del Gobierno, renunciara a su escaño y a una serie de medios y prerrogativas previstas en el RD 405/1992, de 26 de abril, a saber: sueldo vitalicio, coche oficial y chófer, dotación económica para gastos de oficina y dos empleados; y también al aforamiento, algo que a lo que ansiosamente se agarran muchos políticos para evitar ser investigados; digo yo que por algo será, pues si nada hay que esconder ningún aforamiento se necesita. Ninguno de los tres expresidentes anteriores lo hizo, haciendo uso de su derecho previsto legalmente y también de las tan denostadas «puertas giratorias».

Ningún partido político ha cogido el guante y ha propuesto modificar la ley en relación con las prerrogativas de los miembros del Gobierno o de los parlamentarios, pues de todos es conocido los privilegios de los que gozan no solo cuando dejan su cargo sino en el ejercicio del mismo. Destacan por ejemplo los gastos de vivienda, dietas y desplazamiento, que cobran incluso quienes residen en la misma localidad en la que ejercen; o cuentan con descuentos ventajosos en medios de transporte de los que no disfrutan familias numerosas o en delicada situación económica. Y también se les paga sus cotizaciones a la Seguridad Social. Pues bien, ningún partido político ha propuesto en defensa de los intereses y derechos sociales de los que tanto se jactan tomar medidas económicas que les afecten directamente a ellos y que redunden en beneficio de los ciudadanos, colaborando con ellos en la superación de la crisis económica. Mucha exigencia a los bancos y grandes empresas pero no dando ejemplo como les corresponde.

Pero es que tampoco nosotros se los exigimos. Seguro que muchos hemos recibido mensajes buscando nuestra firma para eliminar algunas de esos privilegios, como es eliminar duplicidades en los órganos, hay más de 2.000 aforados políticos en el ámbito estatal, autonómico y local; limitar el número asesores como cargos de confianza cuando existen altos funcionarios públicos que pueden hacer dicha labor; gozan del privilegio de una pensión sin necesidad de cotizar los años que cualquier otro trabajador. En nuestra mano está exigir a nuestros representantes esa responsabilidad política en el ejercicio de su cargo y después de él, por tratarse de un servicio público y no de un beneficio personal. Exijámoslo en serio. Si puede hacerlo y lo hace un presidente de Gobierno por qué no el resto.

* Abogada