Todo padre bien hecho moralmente quiere lo mejor para su hijo. Uno cruza los dedos y espera que esos pasos primeros hayan sido tocados por la bendición del azar. Que respire. Que sus cinco sentidos le respondan. Que cuente con los resortes interiores y las capacidades para abrirse camino en esta selva sin que los arañazos sean profundos. Pero el hombre propone y un enjambre de posibilidades, aleatorias o no, genéticas o de pura vivencia, va imponiendo su realidad de plomo. A esa realidad hay que amoldarse. Y la dignidad es aceptarla con mirada de superación. Con el coraje que ha llevado a Chris Nikic, de 21 años, a ser el primer atleta con síndrome de Down en finalizar un Ironman, en Florida, tras nadar 4 kilómetros en mar abierto, pedalear 180 y correr más de 40. Todo seguido, y siempre con el lema diario de su padre: «Hoy vamos a esforzarnos un 1% más».
Por eso hay que escuchar a los padres de los niños con necesidades especiales: saben de lo que hablan porque lo están viviendo. Y nadie habrá deseado, más que ellos, poder ver a sus hijos con las mismas capacidades que los demás niños, integrados plenamente en la enseñanza, sus clases y sus juegos. Claro que habrá pequeños que puedan incorporarse a la enseñanza ordinaria. Pero ¿qué pasa con todos los demás?
El tema es si peligran los colegios y aulas especiales en España tras la aprobación de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación. Hablamos de 36.512 alumnos. Muchos padres de niños con necesidades especiales denuncian que los centros van a ser asfixiados financieramente. Isabel Celáa dice que no. Conviene leer atentamente la disposición adicional cuarta de la LOMCE. Reproduzco una parte porque es el quid de la cuestión: «El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». El texto es claro: la finalidad es convertir los centros de educación especial en «centros de referencia y apoyo para centros ordinarios». La escolarización de alumnos se reserva para los que requieran atención «muy especializada». El concepto de atención «muy especializada» es demasiado amplio, porque esta cuestión requiere mayor seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica solamente es posible desde la exactitud del lenguaje.
El 11 de diciembre de 2018 Celaá anunció en el Congreso su objetivo: «(...) impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios». O sea: la inclusión. Porque si transformas unos colegios en centros de recursos, dejan de ser colegios. Y la inclusión, en muchos casos, en función de su grado y tipo de discapacidad, es perjudicial para el niño. Celaá ha seguido la indicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que le exigió «la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales».
Parece ser que en esto se han guiado por el mismo comité de expertos. Si no van a mejorar ni aprender en aulas ordinarias, no es moral llevar a menores discapacitados para que los demás sean educados en la diversidad. En ese sentido, se pueden buscar actividades conjuntas. Pero la educación, el verte tú a ti mismo como un mueble mientras quienes aprenden son los otros, nunca puede ser bueno. Aquí no se ha escuchado a los padres, ni a los educadores de alumnos con necesidades especiales, ni a los demás docentes, que también tendrán algo que decir. Y meter toda la discapacidad en el mismo saco es una temeridad. Va a ser una lástima desmantelar aquello que ha funcionado bien, y nunca es discriminación dar a cada uno lo que necesita.
