A iniciativa del PSOE, la Comisión de Igualdad del Congreso presumiblemente aprobará una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar las agresiones sexuales. Se trata de estupefacientes que anulan la voluntad de la víctima, que queda a merced del agresor, y cuyo uso contribuye a que la agresión quede impune entre otros motivos debido a que las sustancias aplicadas desaparecen del cuerpo en unas 48 horas y las víctimas tienen problemas para recordar lo sucedido. La propuesta pide estudiar el impacto real de estas drogas, que se hagan campañas de sensibilización y apunta hacia una reforma del Código Penal para endurecer el uso de la sumisión química. La propuesta es un paso adelante hacia un fenómeno que está en alza, y como tal debe ser bienvenida. Todo lo que sea dar armas legales a la justicia y ayudar a las víctimas de violaciones será el camino correcto. Pero en términos del Código Penal, como apunta Podemos, más que en endurecer las penas en el uso de drogas como agravante, el objeto de debate debería ser el mismo concepto de consentimiento. Sin el consentimiento expreso de la mujer, un intercambio sexual no deseado debe ser considerado violación, con o sin estupefacientes de por medio. Con las víctimas siempre en mente, es crucial que los legisladores encuentren la forma de adecuar el Código Penal a la realidad social.