El avance hacia el coche eléctrico es inevitable. Hoy en día es la alternativa más viable a los vehículos de motor de combustión, con incuestionables beneficios para el medioambiente y la salud. Es también la apuesta de los fabricantes (el anuncio de que Seat desarrollará en Barcelona una plataforma para coches eléctricos del grupo Volkswagen es un ejemplo), por lo que el camino hacia la electromovilidad es un trayecto que, tarde o temprano, hay que recorrer. Pero este camino puede ser planificado o no, y de ahí depende que la transición sea más o menos traumática. Para fabricar un vehículo eléctrico se necesitan menos piezas y menos mano de obra. Aplíquese esto en España, donde el 11% de los empleos dependen de la automoción, para imaginar los efectos de su implantación. Algunos estudios calculan que el sector podría perder el 18% de empleos. No hablamos solo de las plantas de producción, sino de proveedores, talleres, concesionarios, etcétera. Como en toda reconversión industrial, algunos negocios cerrarán y otros se reorientarán, pero todos necesitarán un tiempo de adaptación. Por ello, es comprensible la preocupación de la industria ante el plan de transición energética del Gobierno, que prevé prohibir la venta de vehículos con motor de combustión a partir del 2040, en consonancia con la UE. Es imprescindible que esta transición se acompañe de políticas que mitiguen los daños en los sectores afectados.
