La devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla en Ceuta solo cabe entenderla como una medida extraordinaria, por la manera en que se produjo el salto, y no como un giro en la política migratoria del Gobierno. Siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos durante un asalto que tuvo un precedente, en la misma zona, a finales de julio cuando 602 inmigrantes entraron con una violencia similar en territorio español. El Gobierno niega que sean devoluciones en caliente, por la existencia de un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992. Además, según Interior, el proceso de devolución se ha hecho de forma individual y con asistencia letrada y sanitaria, por lo que no cabría hablar de expulsiones inmediatas. La situación tampoco se puede comparar con los barcos de inmigrantes, donde se debe cumplir la normativa internacional de auxilio marítimo. Pero la devolución de subsaharianos al país de procedencia, como ha sido el caso, debería ser un hecho excepcional y con el único fin de evitar que la violencia en los saltos de la frontera con Marruecos se haga cotidiana. Nunca debe perderse de vista que la inmigración siempre es fruto de la desesperación y exige una acción unitaria de la UE que no olvide los valores europeos y los derechos humanos. Y que todo debería empezar por trabajar en los países de origen y de tránsito, con una lucha decidida contra las mafias de inmigrantes.
